Polémica en la provincia: un proyecto busca arancelar la salud y la educación universitaria para extranjeros

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El diputado Agustín Romo, líder del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Baja provincial, ingresó formalmente en la Legislatura una iniciativa para que los ciudadanos extranjeros que no cuenten con residencia permanente en el país abonen por la atención en hospitales públicos y por los estudios de grado en las universidades de gestión estatal.

La propuesta legislativa no llegó en soledad, sino acompañada de una declaración que encendió todas las alarmas. El propio Romo justificó su decisión en sus redes sociales con un mensaje contundente: "Universidad pública y gratuita para los argentinos. Basta de pagar la educación de extranjeros que nos odian. Échenlos a todos. Me importa un carajo si les falta un final para recibirse. Que hagan la carrera otra vez en el país donde nacieron". El proyecto lleva las firmas de 18 de los 20 integrantes del bloque libertario y la del diputado del PRO Alejandro Rabinovich, lo que evidencia un respaldo transversal dentro del arco de la oposición.

El timing de la presentación no fue fortuito. La iniciativa aterrizó en la Legislatura en medio de la euforia y la polémica desatadas por la final del Mundial 2026, en la que Argentina cayó ante España, y las subsiguientes burlas de aficionados de otros países hacia la selección albiceleste. En ese contexto, el legislador conectó la derrota deportiva con su reclamo migratorio, al señalar que hay extranjeros que "odian a la Argentina" mientras se benefician de sus servicios gratuitos. Esta conexión entre el ámbito deportivo y la política migratoria le imprimió al debate una temperatura inusualmente alta en las redes sociales y en los medios de comunicación.

En el terreno sanitario, la letra del proyecto es más matizada que el tono de su impulsor. El texto establece que los extranjeros sin residencia permanente deberán solventar el costo de las prestaciones que reciban, ya sea a través de un seguro de salud o mediante un tercero responsable. Sin embargo, la iniciativa incluye un salvaguarda clave: ninguna persona podrá ser rechazada, demorada ni condicionada en casos de emergencia que conlleven riesgo de vida. En esas situaciones, el eventual recupero del gasto se tramitará recién después de estabilizar al paciente. Quedan exceptuados del arancelamiento las víctimas de trata de personas, así como todas las acciones de vacunación y el tratamiento de enfermedades transmisibles por razones de salud pública. Para la instrumentación del cobro, el proyecto recurre al Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), una estructura provincial que ya cuenta con mecanismos de facturación y administración de recursos, lo que evitaría la creación de una nueva burocracia.

En lo que respecta a la educación, la propuesta dispone que las universidades estatales deberán establecer retribuciones por los estudios de grado que cursen estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente. Serán los órganos superiores de cada institución quienes fijen los montos, las modalidades de pago y los mecanismos de actualización dentro del marco de esta ley. El proyecto añade una cláusula de transparencia: el Ministerio de Salud y las universidades alcanzadas deberán publicar anualmente la cantidad de prestaciones o estudiantes comprendidos, los montos facturados y percibidos, las exenciones, los costos administrativos y el destino de los recursos, aunque sin difundir datos personales.

El argumento central que esgrime Romo en los fundamentos de su proyecto apela a la escasez de recursos y a la prioridad que, a su juicio, deben tener los bonaerenses. El legislador sostiene que mantener hospitales, adquirir medicamentos, pagar insumos, mejorar edificios y financiar universidades exige una inversión permanente que no puede ser dilapidada en quienes están de paso. "No resulta justo —plantea el texto— que personas que se encuentran transitoriamente en el país puedan utilizar gratuitamente estos servicios sin contar con un seguro, sin contribuir a su sostenimiento y sin asumir el costo correspondiente, mientras que en otros países la situación es completamente diferente para los bonaerenses". La iniciativa, insiste, no busca negar la atención médica ni desconocer la dignidad de nadie, sino establecer un régimen de corresponsabilidad.

Cabe recordar que el proyecto provincial se inscribe en una tendencia que ya tiene antecedentes a nivel nacional. En mayo de 2025, el Gobierno habilitó la posibilidad de que las universidades cobren aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes a través de un decreto que modificó la Ley de Educación Superior, eliminando la prohibición de aranceles para las instituciones de gestión estatal y permitiendo que establezcan retribuciones para quienes no sean argentinos nativos o no cuenten con residencia permanente. De hecho, en aquel momento el propio Gobierno había impulsado una reforma migratoria que incluía, entre otros puntos, el cobro por servicios de salud y educación. El proyecto de Romo, en este sentido, viene a profundizar y extender a nivel provincial una política que ya tenía un correlato nacional.

La iniciativa deberá ahora recorrer el camino legislativo en la Cámara de Diputados bonaerense, donde se anticipa un debate intenso entre quienes defienden el principio de gratuidad y universalidad de los servicios públicos y quienes, como Romo, sostienen que los recursos limitados del Estado deben priorizar a los residentes permanentes. El proyecto cuenta con un respaldo inicial significativo dentro del bloque libertario provincial, pero su destino final dependerá de las negociaciones y de la capacidad de construir consensos más amplios en el recinto.