Reforma educativa en la Ciudad: el Gobierno porteño reestructura el Estatuto Docente

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires formalizó una serie de modificaciones sustanciales al Estatuto Docente que ya generan un fuerte rechazo en la comunidad educativa. Impulsada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y la ministra de Educación, Mercedes Miguel, la reforma plantea una reestructuración de las condiciones de trabajo, los ascensos y los mecanismos de evaluación a partir del ciclo lectivo 2027. Lejos de ser recibida como un avance pedagógico, la iniciativa es cuestionada por diversos sectores sindicales y pedagógicos, quienes denuncian que las medidas forman parte de una política sostenida de desinversión y asfixia sobre la escuela pública, orientada más al control punitivo del personal que a resolver los problemas estructurales del sistema.

El eje más conflictivo de la nueva normativa radica en la instauración de una grilla digital que atará las calificaciones anuales estrictamente al presentismo. Con este nuevo esquema, cualquier maestro que no alcance el noventa por ciento de asistencia en el año quedará inhabilitado para recibir notas destacadas, un requisito indispensable para poder ascender en la carrera y acumular puntaje. Las representaciones gremiales alertan que esta medida no distingue las licencias justificadas por enfermedad o situaciones de fuerza mayor, funcionando en la práctica como un mecanismo de castigo encubierto que presiona a los trabajadores para asistir a las aulas aun sin encontrarse en condiciones óptimas de salud.

A la par de las restricciones en la evaluación, la gestión local aplicó un recorte al régimen de licencias ordinarias y de estudio. Los permisos para rendir exámenes en el nivel superior se verán reducidos a un máximo de tres días hábiles, y el cómputo de las ausencias de corta duración dejará de correr por cargo para centralizarse por individuo. Asimismo, con la intención declarada de frenar la rotación del personal, el Ministerio de Educación obligará a los titulares a permanecer un mínimo de dos años en una misma institución antes de poder solicitar un traslado. Desde la oposición y los sindicatos señalan que la alta rotación no es un capricho de los docentes, sino una consecuencia directa de los bajos salarios y de la necesidad de acumular horas en múltiples escuelas para alcanzar una canasta básica.

El endurecimiento de las exigencias para el desarrollo profesional completa un panorama que los trabajadores consideran expulsivo. Al limitar la validez de los cursos de capacitación y exigir titulaciones específicas, como la Licenciatura en Gestión Educativa para aspirar a cargos directivos, la reforma restringe el acceso a los ascensos en un contexto donde el propio Estado porteño ha desmantelado instancias de formación gratuita. Si bien las autoridades educativas defienden los cambios bajo la bandera del ordenamiento y la eficiencia, el malestar creciente anticipa un escenario de alta conflictividad gremial y judicial frente a lo que se percibe como un avance unilateral sobre los derechos conquistados por el sector docente.