La Justicia avaló la discontinuidad del programa Volver al Trabajo y más de 900 mil beneficiarios no recibirán el pago en agosto

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, avanzará con la eliminación del beneficio a partir del próximo mes, luego de que la Sala I de la Cámara Federal de San Martín dejara sin efecto la orden de un juez de Campana que había exigido mantener los pagos hasta la implementación de una alternativa. La última liquidación, realizada a comienzos de julio a través de la ANSES, correspondió al mes en curso, por lo que en agosto las transferencias cesarán por completo.

El programa Volver al Trabajo surgió como una evolución o continuidad de iniciativas previas como Potenciar Trabajo y entregaba un monto de alrededor de 78.000 pesos mensuales por beneficiario, una cifra que se encontraba congelada desde 2023. Según las estimaciones oficiales y de las organizaciones involucradas, superaba los 900.000 titulares, en su mayoría trabajadores de la economía popular.

Desde el Ejecutivo explican que la decisión forma parte de una reorientación de las políticas sociales, con el objetivo de reemplazar el subsidio por un sistema de vouchers o incentivos orientados a la capacitación laboral y la inserción en empleos formales. Aunque aún no se difundieron precisiones sobre el cronograma y las características concretas de esta nueva herramienta, el Gobierno la presenta como una forma de promover la empleabilidad en lugar de la asistencia prolongada.

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) rechazó con firmeza la resolución judicial y el avance del Ejecutivo. “La Justicia niega el derecho al salario a más de 900 mil trabajadores y en agosto no se va a cobrar el Volver al Trabajo”, señalaron en un comunicado, enfatizando que “el hambre no espera”. Su secretario general, Alejandro Gramajo, anunció que acompañarán las marchas de jubilados previstas para el 22 de julio y convocaron a una gran jornada de protesta el 7 de agosto por “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, en sintonía con las acciones de la CGT y las dos CTA.

Esta medida se inscribe en el marco de las políticas de ajuste fiscal y reestructuración de programas sociales impulsadas por la administración de Javier Milei, que busca reducir el gasto público en transferencias directas y priorizar mecanismos que fomenten la formación y el empleo registrado. Organizaciones sociales y gremiales advierten sobre el riesgo de un agravamiento de la situación de vulnerabilidad para un sector amplio de la población que depende de estos ingresos complementarios.

Hasta el momento, el Gobierno no ha detallado medidas transitorias de contención para los beneficiarios afectados, lo que genera incertidumbre en los territorios donde la economía popular representa una fuente principal de subsistencia. La UTEP anticipó que continuará reclamando por la preservación del salario social complementario a través de todas las vías disponibles, incluyendo movilizaciones y acciones judiciales.