El Gobierno pone en marcha un plan integral para digitalizar los Registros del Automotor

El Gobierno nacional dio un paso decisivo en la reforma del sistema de Registros del Automotor con la publicación de dos resoluciones del Ministerio de Justicia en el Boletín Oficial. Se trata del “Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor”, un programa que busca transformar de raíz un modelo que hasta ahora se sostenía en la documentación física, la territorialidad registral y los procedimientos presenciales.

Las medidas, oficializadas este martes a través de las resoluciones 306 y 308, representan la continuidad de un proceso de modernización que el Ejecutivo viene impulsando desde 2024. En aquel entonces se crearon el Legajo Digital Único (LDU) y el Certificado Digital Automotor (CDA), a los que luego se sumaron el Registro Único Nacional del Automotor (RUNA) y el Registro Único Virtual (RUV). Ahora, con este plan integral, el Gobierno aspira a consolidar un ecosistema registral completamente digital, interoperable y centrado en el ciudadano, que permita acceder a los servicios desde cualquier punto del país.

Uno de los cambios más significativos es la eliminación definitiva de los polígonos que dividían las jurisdicciones territoriales. A partir de ahora, cualquier persona podrá elegir libremente el Registro Seccional donde desee realizar sus trámites, sin estar atada a su domicilio. Esta flexibilización se complementa con la consolidación de los trámites remotos, que progresivamente reemplazarán al soporte papel gracias al uso del Legajo Digital Único y el Certificado Digital Automotor.

El plan también contempla la digitalización total de los procedimientos. Todo el proceso —desde la validación de identidad hasta la carga de documentación, el pago, la firma digital y la emisión de la documentación registral— se realizará de manera electrónica. Los legajos en papel que hoy se acumulan en los registros seccionales serán convertidos en repositorios digitales, y el universo de trámites se reducirá hasta mantener únicamente las categorías troncales, como la inscripción inicial, la transferencia de dominio, la constitución y cancelación de garantías, la baja registral y las medidas cautelares.

En paralelo, el Gobierno modificó por completo el esquema arancelario mediante la resolución 308. Para simplificar una estructura que llegó a contemplar más de un centenar de trámites distintos, se creó el Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA) como nueva unidad de medida. Este módulo equivale a 0,5 Unidades de Valor Adquisitivo (U.V.A.) y su valor en pesos se actualizará cada cuatro meses según la cotización fijada por el Banco Central. La normativa aclara que esta reestructuración no implicará un costo adicional para los usuarios.

La reforma también alcanza a la retribución de los encargados de los Registros Seccionales, que pasará a tener un piso mensual de entre 16 y 40 millones de pesos. Además, se introducen incentivos por celeridad: aquellos registros que logren procesar inscripciones o transferencias en el día podrán percibir módulos adicionales.

La resolución 306 encomendó a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios la elaboración de un cronograma de implementación, que deberá presentar ante la autoridad de aplicación en un plazo de 30 días corridos. El programa se estructura sobre tres ejes estratégicos: la transformación digital del sistema registral; la evolución institucional de la dirección nacional y los registros seccionales; y la implementación, adecuación normativa y consolidación del nuevo modelo.

Desde el Ministerio de Justicia sostuvieron que el plan “impulsa una transformación integral del sistema registral automotor mediante un proceso gradual, ordenado y jurídicamente seguro”, que permitirá “evolucionar desde un modelo sustentado en documentación física, territorialidad registral y procedimientos presenciales hacia un ecosistema registral digital, interoperable y centrado en el ciudadano”. La visión final, según el texto oficial, es consolidar un sistema capaz de brindar servicios registrales completamente digitales, accesibles desde cualquier punto del país, sustentados en documentación electrónica, interoperabilidad estatal y mecanismos avanzados de supervisión y control.