Revés judicial sacude al Gobierno de Milei por el financiamiento universitario

La resolución del máximo tribunal, firmada de manera unánime por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó el recurso del Gobierno contra la cautelar dictada en primera instancia. De esta forma, se mantiene la obligación de cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la norma, que prevén la recomposición de las partidas presupuestarias afectadas por la inflación desde fines de 2023, hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre la validez de la ley y el decreto que la reglamentaba de manera parcial.

Este fallo representa un duro golpe para la administración de Javier Milei, que había impulsado un ajuste fiscal estricto en las universidades nacionales. Según estimaciones circuladas en ámbitos oficiales, la implementación plena de la ley implicaría un desembolso adicional que supera el billón de pesos, una cifra que el ministro de Economía, Luis Caputo, ya advirtió que no está contemplada en las partidas disponibles, lo que obliga a un recálculo urgente de las cuentas públicas.

En el oficialismo, el impacto se tradujo no solo en preocupación económica, sino también en críticas internas. Fuentes del Gobierno señalaron que existían negociaciones avanzadas con los rectores para avanzar en una nueva legislación que permitiera actualizar el financiamiento sin comprometer el equilibrio fiscal. Sin embargo, la demora en el tratamiento de ese proyecto en el Congreso —atribuida en parte a operadores judiciales y parlamentarios— dejó al Ejecutivo expuesto a la decisión de la Corte.

El conflicto se remonta a la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso, que superó incluso un veto presidencial. El Ejecutivo respondió con un decreto que condicionaba su aplicación a la identificación de fuentes de financiamiento específicas, lo que las universidades y el Consejo Interuniversitario Nacional consideraron un incumplimiento. Tras meses de tensiones, marchas masivas y fallos de instancias inferiores, el caso escaló hasta el máximo tribunal.

La Corte evitó entrar en el mérito de la constitucionalidad de la ley o el decreto, limitándose a resolver una cuestión procesal: la improcedencia del recurso contra una medida cautelar. De todos modos, el efecto práctico es inmediato: el Gobierno debe avanzar en la actualización salarial y de becas mientras continúa el debate principal.

En los pasillos de Balcarce 50, el fallo generó cuestionamientos sobre el rol de las “espadas judiciales” y la excesiva confianza en un eventual gesto favorable de los cortesanos. Aunque el oficialismo había logrado un acuerdo parcial con las universidades días antes, la decisión judicial lo superó y obligó a replantear la posición.

Este episodio se inscribe en una relación tensa entre el Ejecutivo y el mundo universitario, marcado por el reclamo de recursos suficientes para sostener el sistema público. Mientras el Gobierno prioriza el superávit fiscal como pilar de su gestión, las casas de altos estudios advierten sobre el deterioro en salarios, infraestructura y becas. La pelota, ahora, vuelve al Ejecutivo, que deberá definir cómo absorber el impacto presupuestario sin desequilibrar sus metas económicas. La resolución definitiva de la causa determinará el panorama de largo plazo para las universidades nacionales.