El Gobierno garantiza el gas residencial frente a la ola polar, pero los cortes paralizan plantas industriales

El recrudecimiento del invierno y la persistencia de temperaturas extremas en gran parte del territorio nacional reavivaron el debate sobre la capacidad de respuesta de la infraestructura energética argentina. Frente a este escenario de alta exigencia estacional, las autoridades nacionales salieron a garantizar la continuidad del suministro de gas para el consumo residencial, intentando llevar previsibilidad a los hogares. Sin embargo, la estrategia de priorizar el abastecimiento doméstico derivó en una parálisis forzada del sector productivo en diversas provincias, desatando fuertes cuestionamientos por parte de las cámaras empresariales del interior.

El encargado de transmitir el diagnóstico oficial fue el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, quien precisó que el tendido de gasoductos responde con normalidad y cuenta con las presiones adecuadas para satisfacer a los usuarios prioritarios. El funcionario remarcó que el abastecimiento para viviendas, centros de salud y establecimientos educativos se encuentra asegurado, condicionado únicamente a que no surjan imprevistos técnicos o fallas en los yacimientos. De acuerdo con los registros supervisados por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), la demanda global del sistema alcanzó una marca de 165,8 millones de metros cúbicos diarios, un volumen traccionado por el consumo residencial, que absorbió más de 92 millones de metros cúbicos de ese total. En paralelo a la estabilización técnica de la red domiciliaria, la administración central ratificó el rumbo de su política tarifaria y el proceso de reducción de la asistencia estatal. Durante las habituales comparecencias ante la prensa en la Casa de Gobierno, el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, respaldó firmemente la eliminación gradual de las compensaciones económicas en las boletas de los servicios públicos, argumentando que el objetivo de fondo es que las tarifas converjan hacia los costos reales de prestación y los valores de mercado.

La contraofensiva a la postura oficial provino del entramado industrial del norte y centro del país, donde las restricciones se profundizaron hasta alcanzar niveles críticos. Las uniones industriales de Tucumán, Córdoba y Salta expresaron una profunda preocupación ante lo que definen como una falta de previsibilidad y transparencia en los criterios de asignación energética. En el caso salteño, los representantes sectoriales revelaron que las fábricas locales pasaron en pocos días de un recorte parcial a una restricción absoluta del ciento por ciento de sus cupos, obligando a llevar los procesos productivos a cero y paralizar por completo las actividades de las plantas.

Las corporaciones fabriles alertaron que no es viable producir bajo una suerte de desorden regulatorio que desprotege a las economías regionales. Los cuestionamientos se centran en las profundas distorsiones de costos que genera el desabastecimiento, dado que las pequeñas y medianas empresas carecen de espaldas financieras y poder de negociación para afrontar los contratos de Gas Natural Licuado (GNL). Para sostener una actividad mínima, muchas compañías se ven forzadas a recurrir al mercado de ocasión (spot), donde el valor del insumo importado llega a cotizar entre 18 y 27 dólares por millón de BTU, una cifra sustancialmente superior a los 3 o 4,5 dólares que promedia el costo del gas local en otras regiones del país. Ante esta brecha, que encarece el recurso hasta nueve veces por encima de su valor habitual, los industriales reclamaron al Estado nacional que asuma su rol de ordenador para evitar que las fábricas y los puestos de trabajo del interior actúen crónicamente como la variable de ajuste del sistema energético.