La Carbonilla vuelve a reclamar una urbanización integral y los vecinos impulsan una ley para saldar una deuda histórica

Después de más de dos décadas de crecimiento y organización comunitaria, los vecinos de La Carbonilla decidieron dar un nuevo paso para intentar resolver una situación que consideran postergada por distintos gobiernos. El barrio popular emplazado sobre terrenos ferroviarios en el límite de La Paternal y Chacarita presentó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de ley que apunta a concretar su urbanización integral y garantizar derechos básicos para miles de familias que viven allí. 

La iniciativa surgió tras meses de debate entre organizaciones barriales, delegados vecinales y espacios de participación de la Comuna 15. El objetivo es establecer un marco legal que permita avanzar en obras de infraestructura, acceso formal a servicios públicos, regularización de la tenencia de las viviendas y mecanismos de participación de los habitantes en todas las etapas del proceso. 

La Carbonilla nació en los primeros años posteriores a la crisis económica de 2001 sobre predios vinculados al ferrocarril San Martín. Con el paso del tiempo, el asentamiento consolidó una trama urbana propia y hoy alberga a más de 5.000 personas, según estimaciones difundidas por organizaciones que trabajan en el barrio. Sin embargo, a diferencia de otros procesos de integración urbana desarrollados en la Ciudad durante los últimos años, la zona no fue incorporada a programas de urbanización de gran escala. 

El reclamo no es nuevo. Ya en 2017 la Junta Vecinal denunciaba que La Carbonilla había quedado al margen de las políticas de reurbanización impulsadas en otros barrios populares porteños. En aquel momento, los vecinos sostenían que existían condiciones favorables para avanzar con obras de integración y cuestionaban la falta de un organismo estatal que diseñara soluciones estructurales para la comunidad. 

El nuevo proyecto busca retomar esa demanda histórica. Entre sus ejes centrales figuran la suspensión de desalojos mientras dure el proceso de urbanización, la provisión de redes formales de agua, electricidad, gas y cloacas, además de la regularización dominial de las familias residentes. También contempla la creación de instancias de gestión participativa para que las decisiones sobre el futuro del barrio no sean tomadas de manera unilateral por las autoridades. ([Prensa Obrera][3])

La propuesta ya ingresó formalmente a la Legislatura porteña y fue girada a distintas comisiones para su análisis. El expediente comenzó a ser tratado durante junio y deberá atravesar el debate parlamentario antes de llegar al recinto. ([Parlamentaria][1])

Mientras tanto, los vecinos mantienen una agenda de actividades para visibilizar la situación del barrio y sumar apoyos políticos y sociales. La expectativa es que el tratamiento legislativo permita reabrir una discusión que lleva años pendiente y que, según sostienen desde la comunidad, resulta indispensable para garantizar condiciones de vida dignas y una integración plena al tejido urbano de la Ciudad de Buenos Aires.