Prestadores del PAMI amenazan con suspender turnos y cirugías por falta de fondos

La atención médica de millones de jubilados y pensionados podría verse afectada en los próximos días a raíz de un conflicto que enfrenta al PAMI con parte de sus prestadores de salud. Cámaras empresarias que representan a clínicas, sanatorios y centros médicos de distintas provincias anunciaron que avanzarán con restricciones en la atención debido a lo que describen como una combinación de pagos demorados, aranceles insuficientes y un creciente deterioro financiero del sistema.

La advertencia fue encabezada por la Cámara de Prestadores de Salud de la Seguridad Social (CAPRESS), que comunicó la suspensión de la asignación de nuevos turnos para consultorios externos en todas las especialidades. Según sostienen las entidades, la situación económica de los establecimientos ya no permite afrontar con normalidad la compra de insumos, el pago de salarios ni los honorarios de los profesionales.

El conflicto amenaza con escalar. Además de limitar la entrega de nuevos turnos, los prestadores anticiparon que podrían suspenderse cirugías y procedimientos programados que no sean considerados de urgencia. De concretarse esa medida, la atención quedaría concentrada en pacientes con patologías crónicas complejas o situaciones que requieran seguimiento indispensable, mientras que numerosas prácticas previstas pasarían a reprogramarse sin una fecha definida.

La tensión se produce en un contexto de creciente presión financiera sobre el sistema sanitario. Representantes del sector privado vienen reclamando desde hace meses una actualización de los valores que perciben por las prestaciones brindadas a afiliados del instituto. También señalan que los incrementos autorizados por el Gobierno quedaron por debajo de los costos operativos que enfrentan clínicas y sanatorios en todo el país.

Desde la administración nacional rechazan el diagnóstico de los prestadores. Fuentes oficiales sostienen que el PAMI no registra una deuda estructural con los centros asistenciales y aseguran que los pagos se realizan de acuerdo con el cronograma previsto. En esa línea, remarcan que las obligaciones pendientes corresponden a gastos corrientes habituales y no a una situación de cesación de pagos.

El titular del organismo, Esteban Leguízamo, había reconocido semanas atrás que el instituto atraviesa un período de fuerte presión presupuestaria, aunque negó que exista una crisis terminal. Según explicó, el envejecimiento de la población afiliada y el aumento de las enfermedades crónicas generan mayores costos de atención y medicamentos, lo que obliga a reorganizar recursos y prioridades dentro de la obra social de los jubilados.

La discusión no es nueva. Durante mayo, el Gobierno nacional ya había dispuesto asistencia financiera para reforzar las cuentas del instituto en medio de reclamos por prestaciones y provisión de medicamentos. Aquella medida buscó garantizar la continuidad de los servicios y el cumplimiento de compromisos con proveedores y prestadores, aunque los reclamos del sector privado no se desactivaron completamente. 

Mientras continúan las negociaciones, la incertidumbre crece entre los más de seis millones de afiliados que dependen del PAMI para acceder a consultas, estudios y tratamientos médicos. Las cámaras empresarias reclaman una solución inmediata para evitar nuevas restricciones, mientras el Gobierno insiste en que la situación está bajo control. El desenlace de esa disputa definirá si el sistema logra sostener su funcionamiento habitual o si los jubilados deberán enfrentar nuevas dificultades para acceder a la atención sanitaria.