Milei reactiva las designaciones en la Corte Suprema y flexibiliza el proceso de selección

El gobierno nacional reactivó este martes el proceso para designar los dos jueces que faltan en la Corte Suprema de Justicia, tras haber congelado el tema durante todo 2025. La decisión fue accompañada con la publicación en el Boletín Oficial de un decreto que modifica sustancialmente el procedimiento histórico de selección de magistrados, eliminando instancias de observación ciudadana en el ámbito del Poder Ejecutivo y derogando criterios de diversidad de género, especialidad y procedencia regional que estaban previstos en la normativa anterior.

El presidente Javier Milei había postergado el debate sobre las vacantes cortesanas con el argumento de concentrar los esfuerzos oficiales en la aprobación del Presupuesto y el paquete de leyes tratadas en sesiones extraordinarias durante el año pasado. Ahora, según confirmaron fuentes oficiales, el Ejecutivo volverá a abrir negociaciones con la oposición para obtener los dos tercios del Senado necesarios sin tener que depender exclusivamente de su mayoría propia. Actualmente, el máximo tribunal funciona con tres integrantes: Horacio Rosatti, quien fue reelegido como titular del tribunal en septiembre de 2024, Carlos Rosenkrantz, que continúa como vicepresidente, y Ricardo Lorenzetti.

La reactivación del proceso de designaciones ocurre en un contexto de déficit judicial significativo. Se estima que alrededor de un tercio de los 1002 cargos federales y nacionales están vacantes en todo el país. El Senado ya dio su acuerdo a 74 pliegos para cubrir cargos de jueces, fiscales, defensores y conjueces federales durante las últimas semanas, pero las dos vacantes en la Corte Suprema permanecen sin cubrir tras el sonoro rechazo que las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla recibieron en la Cámara Alta el 3 de abril de 2025. 

Ambos candidatos no lograron obtener los dos tercios de los votos necesarios de los senadores presentes. El pliego de Ariel Lijo obtuvo el voto afirmativo de 26 sobre 71 senadores presentes, mientras que el de Manuel García Mansilla obtuvo solo 20 votos positivos. El académico terminó obteniendo 51 votos en contra y el juez federal, 43, lo que frustró la intención del gobierno de completar el máximo tribunal.

El decreto que modifica el proceso de selección, publicado el 12 de junio y firmado por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, deroga artículos de los históricos decretos 222 y 588 del año 2003. Estos instrumentos garantizaban el mecanismo de consulta ciudadana para la designación de miembros de la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor General bajo la órbita del Ministerio de Justicia, incluían la recepción de impugnaciones y observaciones, establecían plazos de publicidad en diarios y definían el procedimiento de preselección administrativa. 

La justificación oficialista para sustentar la decisión tiene que ver con acelerar la cobertura de vacantes en el máximo tribunal ante una supuesta crisis institucional derivada del elevado porcentaje de vacancias de cargos de magistrados en la justicia nacional y federal. El decreto argumenta que resulta innecesario llevar a cabo instancias administrativas previas de similar objeto en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, dado que el mismo procedimiento lo lleva adelante el Senado durante las audiencias públicas de la Comisión de Acuerdos.

En la práctica, la nueva normativa sugiere menos transparencia y control previo sobre los candidatos que propone el Ejecutivo. La medida elimina instancias de observación ciudadana durante la etapa que encabeza el Poder Ejecutivo, reduce la difusión pública de las candidaturas y concentra el control institucional en el Senado, que es el único ámbito que mantendrá audiencias y recibirá objeciones a los postulantes.

Uno de los puntos más críticos de la nueva normativa es la eliminación de la instancia de participación ciudadana en el ámbito del Poder Ejecutivo, la cual permitía a los ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y colegios profesionales presentar observaciones fundadas sobre los candidatos propuestos. Al derogar los artículos que permetían estas objeciones, se priva a la sociedad civil de un canal institucional directo para cuestionar la idoneidad de un postulante antes de que su pliego sea enviado al Congreso. 

La reforma no se limita a los plazos, sino que ataca directamente los criterios de composición de la Corte. El decreto deroga formalmente el artículo 3° del histórico Decreto 222/2003, el cual disponía que al momento de considerar una propuesta se tuviera presente la necesidad de reflejar diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal. Para la actual gestión, estas exigencias son consideradas criterios adicionales que no se encuentran expresamente previstos en la Constitución Nacional y cuya valoración debe quedar bajo la apreciación que corresponde al Poder Ejecutivo Nacional.

Asimismo, la medida reduce sensiblemente la publicidad de las candidaturas y la profundidad de las investigaciones patrimoniales. Mientras que la normativa anterior exigía la publicación de antecedentes en dos diarios de circulación nacional durante tres días, el nuevo texto limita la difusión al Boletín Oficial y a la página web del Ministerio de Justicia, alegando una adaptación a la dinámica actual de la comunicación.

La medida ha generado críticas de organismos de derechos humanos. Human Rights Watch había señalado en febrero de 2025 que la decisión de Milei de cubrir por decreto dos vacantes en la Corte Suprema socava la independencia judicial. La ONU también manifiestó su desacuerdo con los nombramientos dispuestos por el presidente.

El gobierno de Milei tiene pendiente la firma de decretos para hacer efectivas otras designaciones judiciales, incluyendo la de la jueza María Verónica Michelli, a quien el Presidente propuso como candidata para integrar el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata y intentó luego sin éxito retirar por su parentesco familiar con el periodista Hugo Alconada Mon. Se estima que el equilibrio legislativo que permita al oficialismo obtener los dos tercios del Senado necesarios sin negociar con la oposición podría ser el factor determinante para cuando Milei decida avanzar con nuevas designaciones en la Corte.

La idea de modificar el decreto 222 se conoce mientras el Gobierno avanza en cubrir las vacantes de jueces de la justicia Nacional y Federal. El Senado renovó a mediados de mayo, con el voto de 58 senadores de los 72 que integran el cuerpo, el acuerdo para que Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, continúe durante otros cinco años como vocal de la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país. Este hecho podría haber influido en la decisión de Milei de reactivar el proceso de designaciones cortesanas.