Restricciones al acceso de la prensa en la Casa Rosada: más de un mes sin cambios pese a los reclamos

La rutina de los acreditados cambió radicalmente desde el 23 de abril de 2026, cuando el Gobierno prohibió el ingreso de la prensa basándose en una denuncia penal de Casa Militar contra dos periodistas de TN por grabaciones presuntamente sin autorización. El jefe de gabinete, Manuel Adorni, había prometido el 4 de mayo que “pronto todo va a volver a la normalidad” al finalizar las once jornadas de cierre, un hecho inédito desde el retorno de la democracia argentina.



Para ingresar actualmente a la Casa Rosada, cada periodista debe declarar su nombre y en muchos casos mostrar el DNI, ingresando por la reja hacia la puerta de Balcarce 78, donde se encuentra la comisaría, en lugar de usar el ingreso regular por Balcarce 24. Dentro del edificio, deben superar el scanner y la revisión de un agente, mientras personal de Casa Militar entrega la credencial que según las nuevas instrucciones debe portarse en todo momento y devolverse al retirarse. Antes del 23 de abril, cada acreditado se llevaba su credencial consigo.

La sala de prensa, que desde el inicio del gobierno libertario no cuenta con aire acondicionado ni calefacción para enfrentar el período invernal, ofrece un margen de maniobra más que limitado. Los accesos al balcón que da al salón de los Científicos y al salón Eva Perón están prohibidos, y las puertas vidriadas que los comunican están esmeriladas por orden gubernamental. Tampoco se puede circular por el ala opuesta, donde está la oficina del asesor presidencial Santiago Caputo y otros funcionarios.

La prohibición de circulación alcanza al Patio de las Palmeras en la planta baja, lugar desde el cual se podía cubrir la entrada y salida de funcionarios y visitantes nacionales y extranjeros por la explanada de la calle Rivadavia. Allí también están el Ministerio del Interior y la oficina de Adorni. Desde mediados de 2025 no se permitió estar en el patio mientras el presidente Javier Milei ingresaba o se retiraba de la casa, por theory por cuestiones de seguridad, una novedad sin vigencia con anteriores gobiernos.

El personal de Casa Militar vigila los movimientos de los periodistas, circulando con frecuencia en los pasillos cercanos a la sala mientras los acreditados conversan o hablan por teléfono. El 13 de mayo, el juez federal Ariel Lijo desestimó la denuncia del Gobierno contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, acusados de “espionaje” por filmaciones con lentes inteligentes, pero a pesar de que ese era el argumento principal de las restricciones, nada changeó desde entonces.

Adorni volvió a las conferencias de prensa el 8 de mayo, para presentar a las ministros Alejandra Monteoliva de Seguridad y Luis Caputo de Economía, quien se disgustó cuando un periodista lo consultó por sobresueldos en el Gobierno. Fue el último encuentro del jefe de gabinete con los acreditados de la Casa Rosada, y más de un mes después de aquella conferencia con preguntas, las restricciones se mantienen.

La Academia Nacional de Periodismo denunció recientemente un “clima de hostigamiento” contra la prensa y responsabilizó directamente a Javier Milei por los ataques que ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores del rubro. La entidad, presidida por Joaquín Morales Solá, atribuyó al mandatario la principal responsabilidad en una campaña de descalificaciones sistemáticas que erosiona la credibilidad de los profesionales y puede fomentar autocensura.

Organizaciones periodísticas como FOPEA cuestionaron las medidas que limitan el acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, considerando que afectan las condiciones necesarias para la cobertura de la actividad gubernamental y reducen las posibilidades de control ciudadano sobre los actos de gobierno. Paralelamente, informes académicos y sindicales alertaron sobre un incremento de situaciones de hostigamiento, denuncias judiciales, campañas de desprestigio en redes sociales y restricciones al trabajo periodístico durante el último año.