VTV: talleres mecánicos podrán realizar las revisiones técnicas y los precios quedan liberados

El gobierno nacional dio un nuevo paso en su proceso de desregulación al autorizar oficialmente a talleres mecánicos particulares para que realicen la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de vehículos, poniendo fin al monopolio que hasta ahora ejercían los centros especializados de Verificación Técnica Vehicular (VTV). La decisión, concretada este miércoles 3 de junio con la apertura del registro de inscripción y su publicación en el Boletín Oficial, busca ampliar la competencia en el servicio y entregar a los usuarios mayor libertad para elegir dónde realizar el control vehicular.



Manuel Adorni, jefe de Gabinete, comunicó a través de la red social X que "a partir de mañana, se abre el registro de inscripción para que talleres mecánicos particulares habilitados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria. Se termina el monopolio de las plantas de VTV". La medida llega tras el levantamiento de una cautelar judicial que había frenado la implementación del nuevo esquema, confirmado por la Secretaría de Transporte en declaraciones a Infobae.

El nuevo sistema se basa en la creación del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que opera bajo la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía con carácter público, gratuito y digital. Cualquier establecimiento que cumpla con los requisitos técnicos exigidos podrá inscribirse mediante declaración jurada a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), según detalla la Resolución 32/2026 publicada este miércoles. Los talleres autorizados estarán facultados para revisar todo tipo de vehículos: particulares, comerciales, de transporte de pasajeros y de carga, así como unidades antiguas o especiales.

La normativa mantiene intactos los criterios técnicos y de seguridad vial vigentes. Los talleres deberán respetar los procedimientos de inspección establecidos, contar con un Director Técnico responsable y acreditar la capacidad técnica, el equipamiento necesario y las condiciones que exige la regulación. La inscripción en el registro se realiza mediante declaración jurada, eliminando exigencias consideradas innecesarias o meramente formales según explica la Secretaría de Transporte, aunque se mantienen los estándares técnicos que Garantizan la seguridad vial y la calidad de las inspecciones.

Uno de los cambios más significativos es la desregulación de tarifas. El gobierno decidió limitar la intervención estatal en la fijación de precios, dejando que los aranceles se definan por la libre determinación entre usuarios y prestadores. El texto de la resolución señala que la función del Estado debe concentrarse en el registración técnica, el control de estándares y la emisión de la documentación correspondiente, promoviendo la competencia como mecanismo para mejorar las condiciones para los usuarios sin resignar los controles vinculados a la seguridad vial.

Los plazos para realizar la revisión también sufrieron modificaciones importantes. Los vehículos particulares cero kilómetros deberán pasar su primera inspección a los cinco años de su patentamiento, en lugar de los tres años que exigía la normativa anterior. Para automóviles de hasta diez años de antigüedad, la revisión será obligatoria cada veinticuatro meses, eliminando la obligatoriedad de la visita anual para unidades modernas. Los vehículos que superen esa antigüedad deberán realizarla de forma anual. La primera revisión deberá efectuarse dentro de los doce meses posteriores al patentamiento y luego renovarse cada doce meses para estas unidades.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, había informado el 10 de marzo la resolución del conflicto que impedía aplicar los cambios previstos por la nueva Ley Nacional de Tránsito en relación a la RTO. Los cambios, incluidos en el Decreto 196/2025 que introdujo modificaciones en la Ley de Tránsito, apuntan a modernizar el sistema de RTO e incluyen la autorización para habilitar nuevos centros donde realizar la revisión, la desregulación de aranceles para promover la competencia y la inclusión de automóviles particulares al sistema nacional de control, que hasta ahora se aplicaba principalmente al transporte de cargas.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será el organismo encargado de fiscalizar y auditar a los talleres inscriptos, mientras que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) deberá adecuar su normativa interna a los cambios introducidos por la nueva regulación. En paralelo, se ordenó el desarrollo de una base informática nacional que deberá estar operativa en un plazo de 90 días. El sistema centralizará la información de los vehículos inspeccionados, los resultados de las revisiones y los certificados emitidos por los talleres habilitados, garantizando la interoperabilidad y el control del sistema. La reforma también consolida la utilización de certificados digitales de revisión técnica, que tendrán la misma validez que la tradicional oblea física colocada en el parabrisas del vehículo.

Sin embargo, el Ejecutivo enfrenta un desafío significativo: que cada provincia acepte poner en marcha el nuevo esquema de VTV. Si las jurisdicciones no adhieren, sus ciudadanos no podrán acceder a servicios mejorados ni a la opción de realizar la verificación técnica en talleres cercanos o en concesionarias oficiales. La provincia de Buenos Aires fue la primera en anunciar que no acompañará el nuevo sistema, lo que limita el impacto de la medida para millones de conductores en la jurisdicción más poblada del país.

Por otro lado, aún resta definir un protocolo específico de revisión para vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, que requieren controles adaptados a su tecnología particular. Desde Casa Rosada aseguraron que "los usuarios contarán con más opciones para realizar la revisión técnica, podrán elegir libremente dónde efectuarla y dispondrán de un sistema más ágil, accesible, transparente y previsible", aunque la efectividad de estas promesas dependerá en gran medida de la adhesión provincial y de la capacidad real de los talleres para incorporar la tecnología necesaria.

La expectativa oficial es que una mayor competencia entre talleres contribuya a generar mejores condiciones para los usuarios. El gobierno sostiene que esta unificación permitirá simplificar el sistema y optimizar el funcionamiento de los centros de verificación, reduciendo cargas burocráticas y facilitando el ingreso de nuevos actores al mercado. El éxito de la reforma dependerá de la capacidad de implementación práctica y de la respuesta del mercado ante la apertura de un sector que hasta ahora operaba bajo un régimen de exclusividad.