Emergencia crediticia en la Ciudad: proponen un plan de desendeudamiento para familias porteñas con mora creciente

Un proyecto de ley presentado por legisladores del bloque Fuerza por Buenos Aires ingresó en la Legislatura de la Ciudad con el objetivo de declarar la emergencia en materia crediticia de las familias porteñas por el plazo de dos años y crear un régimen especial para aliviar situaciones de sobreendeudamiento. 

La iniciativa se denomina Régimen Esencial para el Desendeudamiento de las Familias Porteñas (RED-CABA) y establece un conjunto de medidas orientadas a reestructurar deudas de consumo, incluyendo auditorías integrales, quitas de intereses y la posibilidad de consolidar obligaciones en un único plan de pagos ajustado a la capacidad económica de cada deudor. 

El diagnóstico que motiva la propuesta

En los fundamentos, los autores sostienen que el crecimiento del crédito al consumo -especialmente a través de plataformas digitales y proveedores no bancarios- generó un aumento sostenido del sobreendeudamiento, en particular entre sectores vulnerables, y advierten sobre el incremento de la mora y la proliferación de préstamos con altos costos financieros. 

Los números que respaldan el proyecto son elocuentes: en la Ciudad de Buenos Aires cerca de 2 millones de personas mantienen algún tipo de financiamiento activo, y alrededor del 15,6% se encuentra en situación de mora, con mayores niveles en las comunas del sur. La distribución geográfica del problema no es casual: es en el mismo corredor sur donde se concentran los peores indicadores sociales de la Ciudad, aquellos que la gestión del PRO no ha logrado revertir en décadas. 

Quiénes podrían acceder y bajo qué condiciones

El proyecto define como sobreendeudadas a aquellas personas cuyas obligaciones superen el 30% de sus ingresos mensuales y cuyos ingresos no excedan el equivalente a seis salarios mínimos. Podrán adherir personas físicas domiciliadas en la Ciudad con deudas de consumo, aunque quedarán excluidos quienes posean más de un inmueble, vehículos de menos de cinco años -salvo que sean herramientas de trabajo- o activos financieros por encima de ciertos límites.

Se establecen criterios de prioridad para el acceso, incluyendo personas mayores de 65 años, personas con discapacidad, mujeres y personas LGBTIQ+ a cargo de hogares monoparentales, trabajadores de la economía popular y residentes de barrios populares. 

Cómo funcionaría el mecanismo

El RED-CABA prevé la creación de un fondo específico que funcionará como fideicomiso para adquirir, auditar y reestructurar las deudas, administrado por el Banco Ciudad y financiado con recursos del presupuesto porteño, utilidades de la entidad bancaria y otras fuentes, incluyendo convenios con el Estado nacional.

El eje central del esquema es la auditoría previa: el proceso permitirá revisar la legalidad de los contratos, detectar tasas consideradas usurarias y eliminar cargos indebidos. A partir de ese proceso se determinará un "capital auditado", sobre el cual se podrán aplicar quitas y establecer nuevas condiciones de pago. 

El régimen también contempla la condonación de intereses punitorios, gastos administrativos y otros cargos accesorios, así como reducciones adicionales cuando se verifique que los créditos fueron otorgados sin cumplir criterios de evaluación de la capacidad de pago o con tasas excesivas. En cuanto a la refinanciación, las cuotas no podrán superar el 30% de los ingresos del deudor, con un período de gracia mínimo de 90 días y una tasa de interés vinculada a la evolución del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). 

El camino legislativo y el contexto político

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Hacienda y Finanzas porteño, que tendrá a su cargo la reglamentación, la supervisión del fondo y la elaboración de informes periódicos sobre la implementación del programa. La iniciativa deberá ahora iniciar su tratamiento en comisiones antes de llegar al recinto. 

El proyecto emerge en un contexto en el que tanto el gobierno nacional como el porteño priorizan la estabilidad macroeconómica y la reducción del déficit por sobre la intervención activa en los mercados de crédito al consumo. La pregunta que la iniciativa deja abierta es si el oficialismo porteño -que controla la mayoría en la Legislatura- está dispuesto a votar un mecanismo que implica auditar a entidades financieras y reconocer, implícitamente, que el mercado de crédito opera con condiciones abusivas para los sectores más vulnerables de la Ciudad que administra.