Caputo convocó a contadores para intentar salvar la Inocencia Fiscal

Hay unos 255.000 millones de dólares de argentinos fuera del sistema financiero, según el INDEC. El gobierno de Javier Milei diseñó la Ley de Inocencia Fiscal —formalmente la Ley 27.799— con la promesa de que ese dinero volvería a circular. Pero los números muestran que la apuesta no está rindiendo lo esperado: de un universo potencial de alrededor de 2,5 millones de personas —entre monotributistas y autónomos del régimen general—, solo 80.000 se anotaron en el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), que es la puerta de entrada obligatoria para blanquear esos ahorros. La cifra, confirmada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), representa apenas el 3% del público al que apunta la norma.



Frente a ese magro resultado, el ministro Luis Caputo convocó este jueves a un grupo de contadores y tributaristas al Palacio de Hacienda para escuchar sus diagnósticos. La reunión, que según pudo saber El Cronista reunió al menos a cuatro especialistas —algunos participaron por videollamada desde el interior del país—, tuvo como eje central el funcionamiento del RSG y las razones por las cuales el sector profesional no está recomendando a sus clientes que ingresen al esquema. El propio Caputo había adelantado el encuentro días antes en el streaming *Economía de Quincho*, donde reconoció que existe "un montón de gente que tiene dudas" y que quería consultar a los especialistas qué aspectos del régimen podrían mejorarse.

El RSG está destinado a personas con ingresos anuales de hasta 1.000 millones de pesos o bienes declarados de hasta 10.000 millones. Quien adhiere recibe una declaración jurada elaborada por ARCA en base a sus ingresos y gastos registrados, sin necesidad de declarar el patrimonio al inicio y al final del ejercicio. La idea central es que el fisco presuma que todo está en regla y no inicie investigaciones. Además, la norma incluye un "tapón fiscal" de tres años: los ejercicios 2023, 2024 y 2025 quedan blindados y no pueden ser revisados en el futuro. La llave para blanquear los dólares guardados fuera del sistema es, justamente, haber ingresado al RSG: quien lo hace puede depositar esos fondos en una cuenta bancaria propia, o usarlos para comprar un inmueble, sin que eso genere alertas fiscales.

El problema es que los contadores, que son quienes concretan esa decisión junto a sus clientes, tienen serias reservas sobre la solidez jurídica del mecanismo. Una de las más citadas tiene que ver con los depósitos bancarios: el artículo 18, inciso G, de la Ley de Procedimiento Fiscal obliga a los bancos a reportar movimientos que no se condicen con los ingresos del cliente, lo que podría abrir la puerta a investigaciones incluso para quienes adhirieron al régimen. Guillermo Pérez, CEO del grupo GNP, señaló que si bien el decreto reglamentario intentó neutralizar esa cláusula para los fondos anteriores al "año base", la protección funciona solo si la declaración jurada de 2025 —que es el año base para quienes ingresen ahora, antes del vencimiento de Ganancias— está presentada en forma "inmaculada". Cualquier irregularidad en ese período podría habilitar al fisco a ejercer ese inciso en contra del contribuyente.

A eso se suma la desconfianza política. Desde hace meses, especialistas del sector advierten que un eventual cambio de gobierno en 2027 podría alterar los criterios de interpretación del fisco, dejando expuestos a quienes hoy confíen en el paraguas de la ley. Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, sumó otra fuente de confusión: cuando ARCA publicó sus instrucciones para implementar el régimen, el contenido no coincidía con lo que el propio Caputo había anunciado públicamente, lo que generó incertidumbre adicional en el sector tributario.

Los contadores también llegaron al encuentro con otros reclamos. Uno de los más urgentes es el aumento exponencial de las multas automáticas por no presentar declaraciones juradas de IVA y de Ganancias: la sanción para personas humanas pasó de 200 a 220.000 pesos, y para sociedades de 400 a 440.000 pesos, lo que representa un incremento del orden del 100.000%, según la gerente de Impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, Noelia Girardi. El propio Caputo había prometido que ARCA enviaría un aviso previo antes de intimar y aplicar esas multas, pero esa promesa nunca se materializó. Además, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) pidió formalmente la reprogramación de los plazos de implementación del RSG, con la intención de llevar el vencimiento a agosto, y presentó ante la Subsecretaría de Ingresos Públicos una nota con observaciones técnicas sobre los topes de ingresos, los requisitos de adhesión y la situación de los contribuyentes con actividades mixtas. Otro punto que los tributaristas buscaron incorporar al temario fue el mal funcionamiento del portal web de ARCA, que registra demoras e inconsistencias al momento de presentar la declaración jurada simplificada.

Con todo, hay señales de que la tendencia podría revertirse antes del cierre del período. En abril se inscribieron más de 36.000 nuevas personas, lo que más que duplicó el ritmo previo. César Litvin, contador y CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich, interpretó que muchos de esos adherentes están "sacando la patente" del régimen simplificado para reservar el derecho a usar sus dólares cuando lo consideren oportuno, sin comprometerse todavía a presentar la declaración jurada por esa vía. Como el vencimiento opera en junio, es probable que el grueso de las presentaciones se concentre sobre el final. Pero más allá de esa expectativa, el encuentro de este jueves dejó en evidencia que el Gobierno necesita despejar dudas concretas antes de que la cuenta regresiva llegue a cero, y que sin el respaldo activo de los contadores, el plan para sacar los dólares del colchón difícilmente alcance la escala que el oficialismo imaginó.