Crisis en el Banco Nacional de Datos Genéticos: el ajuste presupuestario paraliza la identificación de nietos

La institución encargada de recuperar la identidad de los desaparecidos durante la última dictadura militar notificó a la Justicia que no cuenta con fondos para realizar nuevas extracciones de ADN ni para costear traslados. Con un recorte superior al 57% en términos reales y una pérdida masiva de personal, el organismo enfrenta su escenario más crítico desde su creación en 1987

.El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) ha ingresado en una fase de parálisis operativa que pone en riesgo directo las causas judiciales por delitos de lesa humanidad. A través de una comunicación formal dirigida a distintos juzgados federales, las autoridades del organismo advirtieron que la falta de partidas presupuestarias impide la continuidad de las tareas periciales básicas. Esta situación implica que, en lo inmediato, la institución no puede garantizar la toma de muestras genéticas a personas que dudan de su identidad, ni tampoco solventar los viáticos necesarios para que sus especialistas se trasladen a diferentes puntos del país para cumplir con los requerimientos judiciales.



El ahogo financiero no es un hecho aislado, sino el resultado de un deterioro sostenido que se profundizó en los últimos dos años. Según informes técnicos recientes, el presupuesto del BNDG sufrió una caída real del 57,3% desde diciembre de 2023. El ajuste ha impactado con especial dureza en los gastos de funcionamiento —que incluyen insumos de laboratorio esenciales y bienes de capital— con una reducción cercana al 65%. A este panorama se suma la pérdida de capital humano: la planta de trabajadores se redujo en un 34% en el último bienio, pasando de 47 profesionales a solo 33, lo que sitúa al Banco como uno de los organismos más afectados dentro del sistema científico nacional.

La gravedad del escenario motivó una reciente intervención judicial. Ante el riesgo de que se pierdan pruebas irrepetibles o se interrumpan búsquedas activas, la Justicia ordenó al Poder Ejecutivo garantizar de manera urgente los recursos mínimos para que el organismo retome sus funciones. Este fallo resalta que el BNDG es una institución técnica irremplazable para el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Argentina en materia de derechos humanos, especialmente en la búsqueda de los más de 300 nietos y nietas que todavía permanecen apropiados.

Mientras el Gobierno nacional fundamenta estos recortes en la necesidad de reducir el gasto público —argumento que ya se utilizó en 2025 para intentar modificar la autonomía institucional del Banco mediante decreto—, desde organismos como Abuelas de Plaza de Mayo alertan sobre un daño irreversible. El desafío inmediato del BNDG no solo reside en recuperar su operatividad diaria para procesar las aproximadamente 120 consultas mensuales que recibe, sino en resistir un proceso de desfinanciamiento que amenaza con clausurar la posibilidad de restituir la identidad a las nuevas generaciones afectadas por el terrorismo de Estado.

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