- Judiciales
- 14.05.2026
La Justicia archivó la denuncia del Gobierno contra periodistas de TN por supuesto espionaje en la Casa Rosada
El juez federal Ariel Lijo desestimó la acusación impulsada por Casa Militar tras la difusión de imágenes grabadas dentro de Balcarce 50. El magistrado concluyó que no existió riesgo para la seguridad nacional ni revelación de información sensible.
La Justicia federal desestimó la denuncia presentada por el Gobierno nacional contra los periodistas de TN Luciana Geuna e Ignacio Salerno por presunto espionaje en la Casa Rosada y ordenó archivar la causa. La decisión fue tomada por el juez Ariel Lijo, quien consideró que las imágenes difundidas por el canal no configuraron delito alguno ni comprometieron información estratégica vinculada a la seguridad presidencial.
La denuncia había sido impulsada semanas atrás por Casa Militar luego de que el programa “Y mañana qué?” emitiera un informe realizado dentro de la sede de Gobierno mediante el uso de lentes inteligentes con cámara incorporada. Desde el oficialismo sostuvieron que el material periodístico podía representar una amenaza para la seguridad institucional y plantearon la posible comisión de delitos vinculados al espionaje y a la revelación de secretos oficiales.
Sin embargo, tanto el fiscal Gerardo Pollicita como el juez Lijo coincidieron en que el contenido difundido no mostraba información clasificada ni exponía zonas sensibles que pudieran afectar la seguridad de la Nación. En su resolución, el magistrado afirmó que de las grabaciones no surgía ningún elemento que permitiera presumir un peligro concreto para el funcionamiento de la Casa Rosada ni para la custodia presidencial.
La decisión judicial llegó después de que Pollicita recomendara no avanzar con la investigación penal. El fiscal entendió que el trabajo periodístico se encuadraba dentro del ejercicio de la libertad de prensa y remarcó que no existían pruebas suficientes para sostener la hipótesis de espionaje planteada por el Gobierno.
El caso había generado una fuerte discusión política y mediática debido a que, tras la denuncia, el Gobierno dispuso durante varios días restricciones para el acceso de periodistas acreditados a la sala de prensa de Casa Rosada. Organizaciones vinculadas a la defensa de la libertad de expresión cuestionaron aquella medida y advirtieron sobre el impacto que podía tener sobre la cobertura periodística de la actividad oficial.
Con el fallo de Lijo, la causa quedó cerrada y el planteo impulsado por Casa Militar perdió sustento judicial. La resolución representó además un revés político para la administración de Javier Milei, que había sostenido públicamente que las filmaciones podían afectar protocolos de seguridad dentro de la sede gubernamental.
La denuncia había sido impulsada semanas atrás por Casa Militar luego de que el programa “Y mañana qué?” emitiera un informe realizado dentro de la sede de Gobierno mediante el uso de lentes inteligentes con cámara incorporada. Desde el oficialismo sostuvieron que el material periodístico podía representar una amenaza para la seguridad institucional y plantearon la posible comisión de delitos vinculados al espionaje y a la revelación de secretos oficiales.
Sin embargo, tanto el fiscal Gerardo Pollicita como el juez Lijo coincidieron en que el contenido difundido no mostraba información clasificada ni exponía zonas sensibles que pudieran afectar la seguridad de la Nación. En su resolución, el magistrado afirmó que de las grabaciones no surgía ningún elemento que permitiera presumir un peligro concreto para el funcionamiento de la Casa Rosada ni para la custodia presidencial.
La decisión judicial llegó después de que Pollicita recomendara no avanzar con la investigación penal. El fiscal entendió que el trabajo periodístico se encuadraba dentro del ejercicio de la libertad de prensa y remarcó que no existían pruebas suficientes para sostener la hipótesis de espionaje planteada por el Gobierno.
El caso había generado una fuerte discusión política y mediática debido a que, tras la denuncia, el Gobierno dispuso durante varios días restricciones para el acceso de periodistas acreditados a la sala de prensa de Casa Rosada. Organizaciones vinculadas a la defensa de la libertad de expresión cuestionaron aquella medida y advirtieron sobre el impacto que podía tener sobre la cobertura periodística de la actividad oficial.
Con el fallo de Lijo, la causa quedó cerrada y el planteo impulsado por Casa Militar perdió sustento judicial. La resolución representó además un revés político para la administración de Javier Milei, que había sostenido públicamente que las filmaciones podían afectar protocolos de seguridad dentro de la sede gubernamental.
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