La Justicia apunta a desestimar la denuncia del Gobierno contra dos periodistas de TN y cae el relato libertario

El fiscal federal Gerardo Pollicita dictaminó que no existió delito en las filmaciones realizadas por los periodistas de TN Luciana Geuna e Ignacio Salerno dentro de la Casa Rosada y solicitó al juez Ariel Lijo, a cargo de la causa, que archive las actuaciones.

La denuncia había sido impulsada por la Casa Militar en abril, con el argumento de que los periodistas habían captado imágenes de manera subrepticia utilizando "lentes inteligentes"-anteojos con cámara incorporada- y que esa acción comprometía la seguridad nacional. El Gobierno hablaba de "espionaje ilegal" y de "violación de la seguridad nacional". 

Pollicita descartó esa lectura. En su dictamen, señaló que las imágenes obtenidas mostraban únicamente espacios físicos generales de un edificio público, sin que se acreditara la captación ni la difusión de secretos de Estado, ni se verificara perturbación alguna sobre la seguridad nacional.

El fiscal subrayó además que registros similares a los cuestionados se encuentran disponibles en fuentes abiertas como Google Maps, lo que relativizó todavía más la gravedad atribuida al episodio por el Ejecutivo. Básicamente, se burló de la seriedad de la denuncia. 

El caso excedió con creces el terreno judicial. En el marco de una escalada sostenida del presidente Javier Milei en sus ataques contra la prensa, el Gobierno utilizó la denuncia como justificación para vedar el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada.

La medida, presentada oficialmente como una revisión del sistema de acreditaciones por razones de seguridad, estuvo acompañada de referencias a una supuesta infiltración de inteligencia rusa en medios de comunicación -afirmación que el Ejecutivo no respaldó con evidencia pública-, y generó un rechazo extendido de entidades periodísticas, cámaras empresariales y la oposición política. La sala de prensa fue reabierta una semana después.

La decisión final sobre el archivo de la causa queda ahora en manos del juez Lijo. El mismo magistrado y su dupla con Pollicita investigan también otro caso de resonancia pública para el Gobierno: el escándalo de corrupción de Manuel Adorni, el jefe de Gabinete acusado de presunto enriquecimiento ilícito a raíz de las múltiples propiedades que compró y los viajes de lujo realizados desde que es funcionario público.