Organizaciones ambientalistas presentan un amparo colectivo con más de 850 mil firmas contra la Ley de Glaciares

En las últimas horas, un amplio conjunto de organizaciones ambientalistas dio un paso judicial de envergadura al presentar un amparo colectivo que busca frenar la aplicación de la reforma a la Ley de Glaciares, sancionada recientemente por el Congreso y promulgada a fines de abril. La acción, respaldada por más de 850.000 adhesiones ciudadanas, argumenta que la nueva normativa vulnera principios constitucionales de protección ambiental y pone en riesgo la seguridad hídrica del país.



La iniciativa fue impulsada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace Argentina, y se tramita ante un juzgado federal de La Pampa. Esta provincia, aunque no cuenta con glaciares en su territorio, depende de cuencas hídricas que se originan en la cordillera, donde se proyectan desarrollos mineros. Los demandantes sostienen que la reforma elimina la protección automática que regía desde 2010 para glaciares y ambientes periglaciales, transfiriendo a las provincias la decisión sobre qué zonas conservan valor como reservas de agua.

Según los impulsores del amparo, este cambio normativo habilita potencialmente proyectos mineros en áreas sensibles, con el consiguiente riesgo de contaminación irreversible y alteración de recursos hídricos estratégicos que abastecen a millones de personas y sustentan actividades productivas como la agricultura. La presentación enfatiza que, si bien las provincias tienen dominio sobre los recursos naturales, la Constitución Nacional establece un estándar mínimo de protección ambiental que no puede ser rebajado.

La reforma, promovida en el marco de políticas orientadas a impulsar la actividad minera, modifica una ley que había sido pionera en la región y cuya constitucionalidad fue ratificada por la Corte Suprema en 2019. En paralelo, ya existen otros reclamos judiciales en marcha: la propia provincia de La Pampa presentó semanas atrás un amparo similar, y en Santa Cruz un juez federal ordenó suspender la aplicación de la normativa en ese distrito.

Con esta acción colectiva, las organizaciones buscan no solo una medida cautelar que suspenda la implementación de la reforma en todo el territorio nacional, sino también una declaración de inconstitucionalidad. El volumen de adhesiones registradas marca un récord para este tipo de acciones, reflejando una fuerte movilización social en defensa de la protección de los glaciares como bienes públicos esenciales. La causa se suma al debate más amplio sobre el equilibrio entre desarrollo económico y preservación ambiental en un contexto de crecientes inversiones en minería.

Hasta el momento, la Justicia no ha emitido resolución sobre este nuevo amparo, que se suma a los cuestionamientos ya en trámite y que podría definir un precedente relevante para la tutela de los recursos hídricos en Argentina.