- Sociedad
- 05.05.2026
La UBA denuncia que el Gobierno no transfirió un solo peso para sus hospitales en todo el año
La red sanitaria de la universidad pública más grande del país acumula una deuda de 20.000 millones de pesos y advierte que más de 700.000 pacientes anuales podrían quedarse sin atención. Los directores de los seis centros se reunirán esta mañana frente al Hospital de Clínicas y la comunidad universitaria convocó a marchar el 12 de mayo
La Universidad de Buenos Aires llegó al límite. Durante los primeros cuatro meses de 2026, el Gobierno nacional no transfirió fondos operativos a ninguno de los hospitales que integran su red sanitaria, y las autoridades académicas advierten que la situación ya no admite más demoras: sin esos recursos, los centros de salud no podrán sostener su funcionamiento. Esta mañana, a las 8.30, los directores de los hospitales universitarios realizarán una conferencia de prensa frente al Hospital de Clínicas, en una señal de alarma pública que busca visibilizar lo que describen como una crisis sanitaria sin precedentes.
El Presupuesto 2026 contempla 80.000 millones de pesos para los hospitales universitarios, pero la administración de Javier Milei no ejecutó un solo peso al cierre del primer cuatrimestre. Esa parálisis presupuestaria genera una deuda acumulada que ronda los 20.000 millones de pesos, fondos que debían haberse destinado a insumos, mantenimiento y servicios esenciales para garantizar la atención. Las autoridades de la UBA fueron categóricas al calificar la situación: sostuvieron que el Gobierno está incumpliendo su propio presupuesto y la Ley de Financiamiento Universitario, y que no se trata de un conflicto administrativo sino de una crisis sanitaria que afecta directamente a la gente.
Los centros en riesgo son seis: el Hospital de Clínicas "José de San Martín", el Instituto de Oncología "Ángel H. Roffo", el Instituto de Investigaciones Médicas "Alfredo Lanari", el Instituto de Tisioneumonología "Prof. Dr. Raúl Vaccarezza", el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria. En conjunto, esa red asiste a más de 700.000 pacientes por año, lo que da la dimensión de lo que está en juego. El congelamiento de las partidas pone en riesgo la atención no solo en los hospitales de la UBA sino también en los de otras universidades nacionales del país.
El conflicto se enmarca en una disputa más amplia por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, aprobada por más de dos tercios del Congreso en 2025. Tras las impugnaciones que el propio Gobierno impulsó, la Justicia ratificó la validez de la norma. A fines de marzo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal exigió su cumplimiento inmediato en lo referente a recomposición salarial y becas estudiantiles, pero el Ejecutivo respondió presentando en abril un recurso extraordinario a través de la Procuración del Tesoro para frenar esos artículos clave.
El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, resumió la contradicción con que opera el Gobierno en este conflicto. Señaló que el Ministerio de Capital Humano, al intimar a los rectores a garantizar las clases durante la semana de paro, reconoció implícitamente que el derecho a la educación no está siendo garantizado en el país, y que eso expone una realidad aún más profunda. Yacobitti agregó que el Gobierno carece de un plan educativo claro y que lleva adelante una política que calificó de ilegal al incumplir una ley aprobada por amplísima mayoría parlamentaria y avalada en dos instancias judiciales.
Por su parte, el Gobierno estaría por publicar un texto dirigido a las autoridades de la UBA en el que exhibiría que el Presupuesto 2026 consagra 79.000 millones de pesos para hospitales universitarios y que esos fondos, según su versión, fueron transferidos. La contradicción entre esa postura oficial y los datos que maneja la universidad es uno de los ejes que se espera que los directores hospitalarios aborden en la conferencia de prensa de esta mañana.
El Consejo Superior de la UBA resolvió adherir y convocar a la 4° Marcha Federal Universitaria, que se realizará el 12 de mayo en defensa de la universidad pública y gratuita, y en reclamo por la implementación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y la urgente recomposición salarial de docentes y no docentes. La movilización, que tendrá como epicentro la Plaza de Mayo en Buenos Aires, fue impulsada además por el Consejo Interuniversitario Nacional, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina, y se espera que se replique en distintas ciudades del interior del país.
El Presupuesto 2026 contempla 80.000 millones de pesos para los hospitales universitarios, pero la administración de Javier Milei no ejecutó un solo peso al cierre del primer cuatrimestre. Esa parálisis presupuestaria genera una deuda acumulada que ronda los 20.000 millones de pesos, fondos que debían haberse destinado a insumos, mantenimiento y servicios esenciales para garantizar la atención. Las autoridades de la UBA fueron categóricas al calificar la situación: sostuvieron que el Gobierno está incumpliendo su propio presupuesto y la Ley de Financiamiento Universitario, y que no se trata de un conflicto administrativo sino de una crisis sanitaria que afecta directamente a la gente.
Los centros en riesgo son seis: el Hospital de Clínicas "José de San Martín", el Instituto de Oncología "Ángel H. Roffo", el Instituto de Investigaciones Médicas "Alfredo Lanari", el Instituto de Tisioneumonología "Prof. Dr. Raúl Vaccarezza", el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria. En conjunto, esa red asiste a más de 700.000 pacientes por año, lo que da la dimensión de lo que está en juego. El congelamiento de las partidas pone en riesgo la atención no solo en los hospitales de la UBA sino también en los de otras universidades nacionales del país.
El conflicto se enmarca en una disputa más amplia por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, aprobada por más de dos tercios del Congreso en 2025. Tras las impugnaciones que el propio Gobierno impulsó, la Justicia ratificó la validez de la norma. A fines de marzo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal exigió su cumplimiento inmediato en lo referente a recomposición salarial y becas estudiantiles, pero el Ejecutivo respondió presentando en abril un recurso extraordinario a través de la Procuración del Tesoro para frenar esos artículos clave.
El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, resumió la contradicción con que opera el Gobierno en este conflicto. Señaló que el Ministerio de Capital Humano, al intimar a los rectores a garantizar las clases durante la semana de paro, reconoció implícitamente que el derecho a la educación no está siendo garantizado en el país, y que eso expone una realidad aún más profunda. Yacobitti agregó que el Gobierno carece de un plan educativo claro y que lleva adelante una política que calificó de ilegal al incumplir una ley aprobada por amplísima mayoría parlamentaria y avalada en dos instancias judiciales.
Por su parte, el Gobierno estaría por publicar un texto dirigido a las autoridades de la UBA en el que exhibiría que el Presupuesto 2026 consagra 79.000 millones de pesos para hospitales universitarios y que esos fondos, según su versión, fueron transferidos. La contradicción entre esa postura oficial y los datos que maneja la universidad es uno de los ejes que se espera que los directores hospitalarios aborden en la conferencia de prensa de esta mañana.
El Consejo Superior de la UBA resolvió adherir y convocar a la 4° Marcha Federal Universitaria, que se realizará el 12 de mayo en defensa de la universidad pública y gratuita, y en reclamo por la implementación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y la urgente recomposición salarial de docentes y no docentes. La movilización, que tendrá como epicentro la Plaza de Mayo en Buenos Aires, fue impulsada además por el Consejo Interuniversitario Nacional, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina, y se espera que se replique en distintas ciudades del interior del país.
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