Reforma electoral porteña: el debate que ya cruza a oficialismo y oposición en la Legislatura

Con la iniciativa de reforma electoral ya ingresada en el Congreso Nacional, la discusión aterrizó en la Ciudad de Buenos Aires y expuso matices que atraviesan a todos los bloques de la Legislatura. La titular del bloque libertario porteño, Pilar Ramírez, fue una de las primeras en trasladar el debate al distrito: planteó que la Ciudad debe replicar los cambios que La Libertad Avanza impulsa a nivel nacional, con la eliminación de las primarias obligatorias y la incorporación de la figura de “Ficha Limpia” como condición para ser candidato. Desde su perspectiva, sostener las PASO implica un gasto que recae sobre los contribuyentes porteños y habilita “caprichos políticos”, mientras que la restricción a postulantes con condenas busca terminar con lo que definió como impunidad.



La mirada es distinta en el peronismo porteño. El legislador Federico Mochi, de Fuerza Por Buenos Aires, rechazó la idea de modificar el sistema electoral local y sostuvo que la propuesta oficialista limita la participación. Argumentó que suprimir las PASO condiciona tanto al peronismo como al propio oficialismo nacional al cerrar la posibilidad de dirimir liderazgos en internas abiertas, y alertó que otros puntos del proyecto nacional —como exigir personería en diez provincias en lugar de cinco y elevar del 1% al 3% el piso para mantener la personería— terminarían empujando a los partidos chicos a disolverse dentro de frentes más grandes. Por eso, adelantó que su espacio no acompañará una eventual supresión de las primarias en la Ciudad.

El PRO, que gobierna el distrito, todavía no fijó una postura unificada, pero ya aparecieron voces con otros ejes. La legisladora Rocío Figueroa planteó que la discusión de fondo pasa por la periodicidad electoral: cuestionó que se vote cada dos años y advirtió que la política queda atrapada en una campaña permanente que dificulta planificar a largo plazo. La réplica llegó desde la juventud libertaria porteña. Dante Di Carlo sostuvo que en un “país serio” el ciudadano no debería costear las PASO y defendió la boleta única de papel como herramienta para ordenar el sistema y ponerlo al servicio de la gente.

El telón de fondo es el proyecto que el Gobierno nacional envió al Senado. La iniciativa contempla, además de la eliminación de las PASO y la incorporación de “Ficha Limpia”, subir los mínimos de afiliados y de votos necesarios para crear y conservar partidos, argumentando que busca terminar con los “sellos de goma”. También propone transparentar el financiamiento partidario, establecer la boleta única de papel como instrumento obligatorio para todos los cargos nacionales y eliminar los espacios gratuitos de publicidad en medios durante las campañas. El oficialismo nacional anticipa que, de aprobarse, los partidos tendrían hasta el 30 de junio de 2027 para adaptarse al nuevo esquema.

En la Casa Rosada reconocen que parte de la estrategia pasa por unificar criterios en todo el país. Desde el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo señalaron que se estudia avanzar en 2026, año sin elecciones, para implementar la boleta única en las 23 provincias y la Ciudad, con validez tanto para comicios nacionales como provinciales. Incluso se analiza sumar un casillero en la boleta que permita elegir la lista completa y evitar errores al votar por categorías. Sin embargo, admiten que los cambios serán resistidos por los gobiernos locales y que la discusión deberá darse “de cara a la sociedad”.

Por ahora, el escenario en la Legislatura porteña aparece fragmentado. El bloque mayoritario, que integra el peronismo con 20 bancas, y otras expresiones minoritarias son clave para cualquier reforma de este calibre, pero todavía no hay coincidencias que permitan avanzar. Mientras tanto, la oposición nacional ya marcó su rechazo al texto enviado por Javier Milei: desde el peronismo advirtieron que si el objetivo es debilitar a los partidos la respuesta debe ser “más democracia” e internas amplias; desde Encuentro Federal lo calificaron como un cambio oportunista que favorece a quien ejerce el poder; y desde la izquierda lo definieron como “proscriptivo y privatista”, reclamando que la agenda priorice la situación económica.