El Gobierno reabre el conflicto por discapacidad con un proyecto que recorta pensiones y prestaciones

El nuevo proyecto de ley, presentado por el ministro Mario Lugones y avalado por el presidente Javier Milei, propone reemplazar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como herramienta de acceso a pensiones. En su lugar, se introduce un modelo basado en la **invalidez laboral**, lo que restringe la cobertura únicamente a quienes no puedan desempeñar un empleo. Esta modificación implica una reducción significativa en la cantidad de beneficiarios y elimina la posibilidad de compatibilizar pensión con empleo formal, afectando directamente la inclusión laboral. 



Otro aspecto central es la eliminación del nomenclador nacional, que hasta ahora fijaba valores uniformes para terapias, transporte y acompañantes. Con la reforma, los costos quedarán sujetos a negociaciones entre prestadores, obras sociales y prepagas. El Estado intervendrá solo en casos puntuales como PAMI, y las actualizaciones dejarán de estar atadas automáticamente a la inflación, lo que podría generar retrasos en los pagos y fragmentación del sistema.

La iniciativa también contempla un reempadronamiento obligatorio de beneficiarios y endurece los requisitos de acceso, bajo el argumento de combatir el “fraude en pensiones por invalidez”. Este proceso se enmarca en la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuestionada por presuntas irregularidades, y busca redefinir el alcance de la asistencia estatal.  

En el Congreso, el antecedente es claro: la oposición ya había logrado frenar una reforma similar, y ahora se anticipa un nuevo escenario de confrontación. En paralelo, organizaciones sociales y familias convocaron a movilizaciones frente al Ministerio de Salud, bajo la consigna “La discapacidad no puede esperar”, alertando sobre el impacto inmediato que tendría la reforma en la vida cotidiana de miles de personas.