- Sociedad
- 13.04.2026
CRISIS EN SALUD
El Gobierno cerró el Remediar y el sistema sanitario público enfrenta su mayor tensión en décadas
El Ministerio de Salud dio por finalizado el 1° de abril el programa que durante más de veinte años garantizó medicamentos gratuitos a millones de personas. El recorte, que venía acumulándose desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza, desató una reacción unánime de las provincias y enciende señales de alarma a días del invierno.
El Gobierno nacional dispuso el cierre del programa Remediar a partir del 1° de abril de 2026, interrumpiendo la distribución gratuita de medicamentos esenciales en centros de atención primaria de todo el país. La decisión, impulsada por el Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones, no llegó de manera abrupta: fue el desenlace de un desfinanciamiento sostenido que comenzó con el inicio de la actual gestión y que dejó cifras inequívocas en cada provincia del país.
Entre 2023 y 2026, la dispensa de botiquines cayó un 59% a nivel nacional. En la provincia de Buenos Aires, la cantidad de centros de salud abastecidos pasó de 1.617 a 1.132, mientras que las unidades mínimas de medicamentos distribuidas descendieron de más de diez millones a menos de cinco millones, una reducción que supera el 55%. En Tierra del Fuego el panorama fue aún más pronunciado: las entregas cayeron de 143.652 unidades en 2023 a 92.422 en 2024 y a apenas 42.966 en 2025.
Creado en 2002 en un contexto de profunda crisis socioeconómica, el programa garantizó durante años el acceso gratuito a medicamentos esenciales para millones de personas en todo el país. En su etapa de mayor alcance, llegó a cubrir casi el 90% de las patologías más frecuentes en el primer nivel de atención, con un vademécum de aproximadamente 80 medicamentos distribuidos en centros de salud. Ahora será reemplazado por una estrategia más acotada, centrada únicamente en enfermedades cardiovasculares, con un vademécum reducido a tres medicamentos. Para el período de transición, se prevé una compra de emergencia que garantizaría provisión durante mayo y junio.
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, fue uno de los primeros en salir a cuestionar la medida con dureza. Advirtió que la decisión desprotegerá a más de 19 millones de ciudadanos que dependen de estos botiquines para tratar patologías crónicas y cuadros agudos. Kreplak también señaló la dimensión sistémica del problema: los medicamentos del Remediar llegaban a centros de salud, no a hospitales, precisamente para evitar que las consultas de baja complejidad terminen saturando las guardias. Sin esa red, advirtió, el desborde es una certeza. El ministro agregó otro elemento de contexto: el PAMI atraviesa una caída de financiamiento cercana al 40%, con reducción de pagos a profesionales, lo que empuja a más pacientes hacia el hospital público. Su diagnóstico fue contundente: el sistema público atiende hoy entre un 30% y 40% más de población que antes, con menos recursos y ahora también sin medicamentos.
El cierre del Remediar se produce en un contexto de aumento sostenido de la demanda sobre el sistema público, impulsada en parte por personas que, tras perder cobertura de obras sociales o empresas de medicina prepaga, recurren al Estado para acceder a consultas, tratamientos y medicamentos. A ese escenario se suma la proximidad del invierno, la temporada de mayor presión sobre el sistema sanitario por el aumento de enfermedades respiratorias.
La Federación Sindical Nacional de Trabajadores de la Salud (FESINTRAS) alertó sobre el impacto concreto que el desfinanciamiento ya viene teniendo: miles de pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y asma han interrumpido sus tratamientos por no poder afrontar el costo de los medicamentos, lo que se traduce en más internaciones por cuadros que eran perfectamente evitables. El secretario general del gremio, Pablo Maciel, fue categórico al señalar que la demanda creciente se traslada a hospitales de alta complejidad que ya operan al límite de su capacidad.
El rechazo también se hizo sentir en el plano legislativo. Los diputados nacionales Pablo Yedlin y Claudia Palladino presentaron un proyecto para exigir la continuidad del programa, argumentando que su interrupción pone en riesgo el acceso a medicamentos en un contexto de aumento de precios y caída del poder adquisitivo. Palladino recordó que alrededor del 40% de los argentinos no tiene obra social ni prepaga y depende de manera exclusiva del sistema público.
El impacto también alcanza a las cuentas provinciales. Ante la retirada del Estado nacional, varias provincias comenzaron a usar recursos propios para cubrir la provisión de medicamentos. En Santa Fe, las autoridades debieron recurrir a licitaciones propias para evitar el desabastecimiento, incrementando la presión sobre sus finanzas. El cierre profundiza además las desigualdades entre jurisdicciones, ya que no todas cuentan con la misma capacidad presupuestaria para absorber ese costo.
Especialistas coinciden en que el cierre del programa no es un hecho aislado, sino parte de un cambio más amplio en el rol del Estado en materia de salud: una transición desde una política universal hacia estrategias más focalizadas, que plantea interrogantes sobre el futuro del acceso a medicamentos y la equidad del sistema sanitario. Para millones de personas que hoy se atienden en un centro de salud público, esos interrogantes ya tienen consecuencias concretas.
Entre 2023 y 2026, la dispensa de botiquines cayó un 59% a nivel nacional. En la provincia de Buenos Aires, la cantidad de centros de salud abastecidos pasó de 1.617 a 1.132, mientras que las unidades mínimas de medicamentos distribuidas descendieron de más de diez millones a menos de cinco millones, una reducción que supera el 55%. En Tierra del Fuego el panorama fue aún más pronunciado: las entregas cayeron de 143.652 unidades en 2023 a 92.422 en 2024 y a apenas 42.966 en 2025.
Creado en 2002 en un contexto de profunda crisis socioeconómica, el programa garantizó durante años el acceso gratuito a medicamentos esenciales para millones de personas en todo el país. En su etapa de mayor alcance, llegó a cubrir casi el 90% de las patologías más frecuentes en el primer nivel de atención, con un vademécum de aproximadamente 80 medicamentos distribuidos en centros de salud. Ahora será reemplazado por una estrategia más acotada, centrada únicamente en enfermedades cardiovasculares, con un vademécum reducido a tres medicamentos. Para el período de transición, se prevé una compra de emergencia que garantizaría provisión durante mayo y junio.
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, fue uno de los primeros en salir a cuestionar la medida con dureza. Advirtió que la decisión desprotegerá a más de 19 millones de ciudadanos que dependen de estos botiquines para tratar patologías crónicas y cuadros agudos. Kreplak también señaló la dimensión sistémica del problema: los medicamentos del Remediar llegaban a centros de salud, no a hospitales, precisamente para evitar que las consultas de baja complejidad terminen saturando las guardias. Sin esa red, advirtió, el desborde es una certeza. El ministro agregó otro elemento de contexto: el PAMI atraviesa una caída de financiamiento cercana al 40%, con reducción de pagos a profesionales, lo que empuja a más pacientes hacia el hospital público. Su diagnóstico fue contundente: el sistema público atiende hoy entre un 30% y 40% más de población que antes, con menos recursos y ahora también sin medicamentos.
El cierre del Remediar se produce en un contexto de aumento sostenido de la demanda sobre el sistema público, impulsada en parte por personas que, tras perder cobertura de obras sociales o empresas de medicina prepaga, recurren al Estado para acceder a consultas, tratamientos y medicamentos. A ese escenario se suma la proximidad del invierno, la temporada de mayor presión sobre el sistema sanitario por el aumento de enfermedades respiratorias.
La Federación Sindical Nacional de Trabajadores de la Salud (FESINTRAS) alertó sobre el impacto concreto que el desfinanciamiento ya viene teniendo: miles de pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y asma han interrumpido sus tratamientos por no poder afrontar el costo de los medicamentos, lo que se traduce en más internaciones por cuadros que eran perfectamente evitables. El secretario general del gremio, Pablo Maciel, fue categórico al señalar que la demanda creciente se traslada a hospitales de alta complejidad que ya operan al límite de su capacidad.
El rechazo también se hizo sentir en el plano legislativo. Los diputados nacionales Pablo Yedlin y Claudia Palladino presentaron un proyecto para exigir la continuidad del programa, argumentando que su interrupción pone en riesgo el acceso a medicamentos en un contexto de aumento de precios y caída del poder adquisitivo. Palladino recordó que alrededor del 40% de los argentinos no tiene obra social ni prepaga y depende de manera exclusiva del sistema público.
El impacto también alcanza a las cuentas provinciales. Ante la retirada del Estado nacional, varias provincias comenzaron a usar recursos propios para cubrir la provisión de medicamentos. En Santa Fe, las autoridades debieron recurrir a licitaciones propias para evitar el desabastecimiento, incrementando la presión sobre sus finanzas. El cierre profundiza además las desigualdades entre jurisdicciones, ya que no todas cuentan con la misma capacidad presupuestaria para absorber ese costo.
Especialistas coinciden en que el cierre del programa no es un hecho aislado, sino parte de un cambio más amplio en el rol del Estado en materia de salud: una transición desde una política universal hacia estrategias más focalizadas, que plantea interrogantes sobre el futuro del acceso a medicamentos y la equidad del sistema sanitario. Para millones de personas que hoy se atienden en un centro de salud público, esos interrogantes ya tienen consecuencias concretas.
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