El Colegio de Escribanos porteño expuso el rol de Nechevenko y podría complicar a Adorni

En el marco del escándalo de corrupción de Manuel Adorni y el rol de su escribana, Adriana Nechevenko, la presidenta del Colegio de Escribanos de CABA, Magdalena Tato, remarcó que las transacciones realizadas por personas políticamente expuestas deben ser reportadas obligatoriamente a la UIF y detalló que la justificación del origen de los fondos es obligatoria para todos los clientes.

Entrevistada en Radio Rivadavia, ea dirigente explicó que, ante la consulta por operaciones de funcionarios, la regla es clara: “Si sos PEP, sí o sí tenés que informar a la UIF”.

En igual sentido, agregó que el procedimiento forma parte de reportes sistemáticos mensuales. “Todos los meses informamos las operaciones que hacemos y ahí informás PEP, clic, ya está. No importa el monto por el que haya comprado, es automático”, sostuvo.

Tato diferenció ese mecanismo del reporte de operación sospechosa (ROS), que se aplica cuando existen dudas sobre el origen de los fondos. “Es muy raro que los escribanos hagamos ROS porque no llegás a autorizar el acto generalmente; cuando empezás a pedir cosas, se caen las operaciones”, señaló.

Sin embargo, aclaró que, si la operación se concreta y persisten interrogantes, el profesional debe reportarlo: “Cuando a mí me genera duda… tengo obligación de hacer un ROS”.

En relación con el caso que involucra a Nechevenko, la titular del Colegio evitó pronunciarse sobre responsabilidades específicas, pero confirmó que la institución sigue el expediente. “Nosotros lo estamos siguiendo, obviamente… trabajamos para par con la justicia”.

En esa línea, aclaró que el organismo actúa como auxiliar judicial y remite documentación cuando es requerida. Además, detalló que la justificación del origen de los fondos es obligatoria para todos los clientes, sin distinción. “Todos tienen que justificar sus ingresos. La declaración jurada de dónde sacaste la plata es para todos”, afirmó.

Según explicó, los escribanos clasifican a los clientes según niveles de riesgo vinculados al lavado de activos y solicitan documentación adicional cuando lo consideran necesario.

La presidenta del Colegio defendió el rol de control institucional frente a cuestionamientos surgidos tras la polémica. “Ese ejercicio de poder conlleva una gran responsabilidad y como colegio sí resguardamos que eso se ejerza en forma correcta”, expresó, y subrayó que la entidad puede iniciar expedientes disciplinarios e incluso promover destituciones.

“Generalmente nosotros terminamos pidiendo la destitución del matriculado antes que llegue la justicia”, aseguró.