Manuel Adorni y una nueva hipoteca que agudiza las dudas sobre su patrimonio

El patrimonio de Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete de la Nación, volvió a ser objeto de debate público y judicial luego de que se confirmara una nueva hipoteca sobre su departamento ubicado en la avenida Asamblea al 1100, en la Ciudad de Buenos Aires. La operación, registrada el 15 de noviembre de 2024, implicó un préstamo de 100.000 dólares otorgado por dos particulares: Graciela Isabel Molina de Cancio, quien aportó 85.000 dólares, y Victoria María José Cancio, con otros 15.000. Ese mismo día, su esposa, Bettina Angeletti, adquirió una propiedad en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.



El departamento ya contaba con un gravamen previo de 75.000 dólares, inscrito en 2014, por lo que la unidad quedó con dos hipotecas activas. Según los registros, Adorni declaró estas deudas ante la Oficina Anticorrupción, aunque sin detallar las condiciones del crédito, limitándose a consignar montos en pesos equivalentes a aproximadamente la mitad del préstamo.

La investigación está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, quien analiza al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito. En ese marco, fue citada a declarar la escribana que intervino en varias de sus operaciones inmobiliarias. La Justicia busca esclarecer el origen de los fondos y la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, que incluye además la compra de un departamento en Caballito por 230.000 dólares en noviembre de 2025, financiado casi en su totalidad mediante otra hipoteca privada, y la adquisición de un vehículo poco después de asumir en el Gobierno.

El caso genera interrogantes sobre la modalidad de financiamiento elegida por Adorni, que en varias oportunidades recurrió a préstamos de particulares en lugar de créditos bancarios. Estas maniobras, lejos de disipar dudas, profundizan el debate sobre la transparencia de su patrimonio y el respaldo político que recibe en medio de las investigaciones judiciales.

La situación de Adorni se inscribe en un contexto de creciente presión sobre los funcionarios del Gobierno, donde cada movimiento patrimonial es analizado con lupa. Mientras tanto, la investigación continúa y podría derivar en nuevas medidas a medida que se conozcan más detalles sobre las operaciones financieras que involucran al jefe de Gabinete.