El Gobierno vetó el acceso a la Casa Rosada de periodistas de medios opositores bajo el pretexto del espionaje ruso

El lunes por la mañana, bajo la lluvia, varios periodistas acreditados intentaron ingresar como de costumbre a Balcarce 50 y se encontraron con que sus nombres no estaban en la lista de acreditados. Uno de los cronistas afectados contó que al presentar sus datos en la entrada le comunicaron que, por orden de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le habían revocado el acceso. "No nos dieron más explicaciones", declaró. Así, de manera abrupta y sin notificación formal previa, el Gobierno de Javier Milei les quitó las acreditaciones a trabajadores de prensa de al menos cinco medios: Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, FM La Patriada, A24 y El Destape.



La justificación oficial llegó horas más tarde. El oficialismo encuadró la decisión como una medida "preventiva" y anticipó que planea citar uno por uno a los directivos de cada uno de esos medios. El argumento de fondo se apoya en un informe publicado días antes por la organización británica openDemocracy, que junto a un consorcio internacional de medios de investigación accedió a una filtración de documentos de inteligencia rusos. Según esa investigación, un grupo conocido como "La Compañía" habría desarrollado durante 2024 una campaña de "guerra híbrida" destinada a desacreditar al gobierno libertario, que incluyó la difusión de noticias verdaderas y falsas, el fomento de divisiones internas en el oficialismo y el apoyo a candidatos opositores en las elecciones legislativas de 2025. El informe cuantificó una red de distribución de contenidos en medios argentinos y redes sociales que habría financiado más de 250 artículos publicados en más de 20 medios digitales entre junio y octubre de 2024, a un costo de al menos 283.100 dólares.

Sin embargo, la decisión del Gobierno fue tomada sin que esa denuncia haya tenido ningún avance judicial ni comprobación formal. La propia editora del medio británico, Diana Cariboni, reconoció que no existen pruebas concluyentes sobre los pagos a los periodistas y que no se pudo verificar si el dinero fue cobrado por un medio, un periodista o un intermediario. Esa aclaración, incluida en la nota original de openDemocracy, no fue obstáculo para que el Gobierno procediera a cerrar el acceso de los cronistas.

La aplicación de la medida tampoco resultó consistente. Infobae y El Cronista también figuraban en la investigación de openDemocracy, pero ambos medios conservaron sus acreditaciones, una contradicción que el oficialismo no explicó públicamente. Ese detalle reforzó las críticas de quienes interpretaron la restricción no como una respuesta al espionaje extranjero, sino como una represalia selectiva contra medios que han cubierto con mayor dureza al gobierno. Algunos de los periodistas censurados habían incomodado al jefe de Gabinete Manuel Adorni en una reciente conferencia de prensa en la que este intentó explicar el crecimiento de su patrimonio desde que asumió como funcionario.

La periodista Liliana Franco, acreditada en la Casa Rosada desde hace décadas para Ámbito Financiero, fue una de las voces más contundentes en rechazar la medida. En su cuenta de X escribió que el Gobierno tomó la decisión pese a que la denuncia todavía no fue probada ante la Justicia y aclaró, con ironía, que nunca conoció a ningún ruso ni visitó Rusia. Desde El Destape, en tanto, señalaron que a uno de sus cronistas le fue negado el ingreso después de haber formulado preguntas incómodas en la última conferencia de prensa oficial.

La restricción no se limitó a la sede del Ejecutivo. El oficialismo utilizó la misma investigación para extender la prohibición de cobertura también al Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados, conducida por Martín Menem, replicó la medida, mientras que el Senado, presidido por Victoria Villarruel, se diferenció y no aplicó restricciones equivalentes.

Desde el Gobierno aclararon que la restricción no apunta contra los periodistas de manera personal sino contra los medios "involucrados", y advirtieron que si se comprobara la injerencia extranjera podrían impulsarse denuncias judiciales que podrían encuadrarse en figuras como traición a la patria. El periodista Santiago O'Donnell, uno de los investigadores que participó del trabajo de openDemocracy, admitió ante el portal Gelatina que anticipaba que el Gobierno iba a aprovechar la publicación con ese fin.