Taxis y apps de viaje: GCBA anuncia una regulación que llega tarde y beneficia a Uber y compañía

El jefe de Gobierno Jorge Macri convocó este jueves a taxistas y representantes de plataformas digitales para anunciar que en los próximos días enviará a la Legislatura porteña un proyecto de ley destinado a regular el transporte privado de pasajeros en la Ciudad.

La iniciativa -presentada como una modernización histórica- es, en rigor, la respuesta tardía a un problema que el macrismo generó y dejó sin resolver durante años: la coexistencia caótica entre el sistema de taxis regulado y las aplicaciones de viaje que operaron durante una década en un limbo legal.

"Desburocratizamos y le sacamos reglas absurdas a los taxis y normalizamos el servicio de las plataformas para que puedan trabajar en libertad. Ordenamos algo que debería haberse ordenado hace tiempo", dijo Macri.

La frase "debería haberse ordenado hace tiempo" es, involuntariamente, la mejor síntesis del problema: el PRO gobierna la Ciudad desde 2007 y las plataformas operan sin regulación propia desde que Uber llegó en 2016. Diez años de inacción que el actual jefe de Gobierno reencuadra ahora como mérito propio. 

Qué cambia para los taxis

El proyecto contempla habilitar vehículos de mayor capacidad -hasta ocho plazas- y permitir unidades más pequeñas y económicas, con una capacidad mínima de cuatro pasajeros incluyendo al conductor. También se eliminan una serie de exigencias administrativas: la necesidad de escribano público para transferencias de licencias, la obligatoriedad de turnos fijos, el uso de tarjetas físicas identificatorias y la exigencia de uniforme para los conductores. 

Además, se prevé la simplificación de trámites como la renovación de licencias, verificaciones y otros procedimientos que actualmente se gestionan de manera separada, y la eliminación de la obligatoriedad de adhesión a BA Taxi, junto con la reducción de tasas de transferencia y renovación de licencias. 

Algunas de estas medidas son razonables actualizaciones de una normativa vetusta. Otras, en cambio, suenan más a desregulación que a modernización: eliminar la exigencia de uniforme o los turnos fijos no mejora la seguridad del usuario ni la competitividad del sector; simplemente reduce cargas sin establecer qué se pone en su lugar.

Qué se les exige a las apps: poco y tarde
La parte más reveladora del proyecto es la que atañe a las plataformas. Los vehículos deberán contar con Verificación Técnica Vehicular vigente y un seguro específico para este tipo de servicios. Los conductores deberán ser mayores de 21 años y contar con licencia profesional. Se prevé un plazo de 90 días para la adecuación a los nuevos requisitos. 

Dicho de otro modo: Uber, Cabify y las demás plataformas dispondrán de tres meses para cumplir requisitos que cualquier taxista debe acreditar antes de salir a la calle. El proyecto no aclara qué sucede si no se cumplen esos plazos ni qué organismo controlará la adecuación.

La frase "trabajar en libertad" que usó Macri en el acto apunta en una dirección precisa: menos controles para las plataformas, que durante años compitieron con ventaja sobre el taxi formal precisamente por la ausencia de regulación.

El crédito del Banco Ciudad: ¿solución o parche?

Como parte del plan de electromovilidad, el Banco Ciudad ofrece líneas de crédito para la renovación de la flota de taxis, con préstamos de hasta 28 millones de pesos, a un plazo de 48 meses, tasa fija del 20% y cobertura de hasta el 70% del valor del vehículo. Para acceder, los titulares deben contar con al menos dos años de antigüedad en la licencia y un año de inscripción como monotributistas o trabajadores independientes. 

Un taxi eléctrico de gama media supera holgadamente los 40 millones de pesos. La cobertura del crédito alcanza apenas el 70% de ese valor, a una tasa que no es exactamente baja para un sector que lleva años golpeado por la caída de pasajeros y la competencia de las apps. La electromovilidad como política pública requiere subsidio real, no crédito bancario presentado como beneficio.

El decreto primero, la ley después

Un detalle del procedimiento elegido merece atención: la iniciativa será presentada inicialmente mediante un Decreto ejecutivo y contempla la eliminación de distintas tasas vinculadas al sistema actual. Luego, el proyecto de ley buscará consolidar el nuevo marco regulatorio.

Es decir, el Ejecutivo porteño actuará primero por decreto -modificando tasas y condiciones sin pasar por la Legislatura- y someterá el marco completo al debate parlamentario en una segunda instancia. Una secuencia que pone la carreta delante del caballo: los cambios que favorecen a las plataformas corren por decreto, mientras la discusión legislativa -donde la oposición podría introducir mayores exigencias- queda para después.

El acto, el calendario y la foto

El anuncio se realizó en un encuentro con el Sindicato de Taxistas y representantes de las apps, en el que también participaron el jefe de Gabinete Gabriel Sánchez Zinny, el ministro Pablo Bereciartua, legisladores del oficialismo y el secretario de Transporte Guillermo Krantzer. El timing no es casual: con elecciones legislativas en el horizonte, la gestión de Macri acumula anuncios de "modernización" en áreas donde el propio PRO acumuló años de parálisis.

Regular el transporte privado de pasajeros en Buenos Aires es una necesidad real y urgente. Que ese paso se dé hoy, diez años después de que las plataformas llegaron a la Ciudad, no es un logro de gestión. Es la evidencia de todo lo que no se hizo.