Tensión y denuncias en el arranque de las audiencias por la reforma de la Ley de Glaciares

En la Sala 2 del Anexo C de la Cámara de Diputados, la mañana del miércoles comenzó con la maquinaria institucional en marcha para dar curso al debate por la modificación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares. Sin embargo, lo que en el papel figuraba como un espacio de participación ciudadana derivó rápidamente en un escenario de tensión, con reclamos por la falta de acceso y cambios en las reglas del juego sobre la marcha.



La convocatoria, impulsada por las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, buscó dar cauce al expediente que propone modificar la norma vigente desde 2010. Según trascendió, el oficialismo delineó una hoja de ruta clara: tras las dos jornadas de audiencias (la segunda será este jueves en formato virtual), se espera un plenario de comisiones para el 31 de marzo y la sesión en el recinto para el 8 de abril. No obstante, el proceso quedó empañado desde el primer minuto por una serie de irregularidades denunciadas por la oposición.

El primer foco de conflicto surgió incluso antes de que comenzaran las exposiciones. Los presidentes de las comisiones, los diputados libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz, anunciaron que el tiempo de exposición se reduciría de cinco a cuatro minutos por orador, argumentando la necesidad de ajustar los tiempos ante la cantidad de participantes. La decisión generó un malestar generalizado entre los presentes, que ya venían cuestionando la selección de apenas 360 expositores (entre presenciales y virtuales) de una lista que superaba los 102.000 inscriptos.

La situación escaló cuando un grupo de diputadas de Unión por la Patria, encabezadas por Paula Penacca, se acercó al estrado para denunciar que personas que habían sido notificadas para ingresar no podían hacerlo. El cruce, que incluyó un tenso intercambio con el presidente de la comisión de Recursos Naturales, José Peluc, derivó en una suspensión momentánea de la audiencia. Finalmente, se acordó que el diputado Mayoraz acompañara a las legisladoras a resolver el conflicto en el ingreso, permitiendo la reanudación de las actividades.

Un debate atravesado por la ciencia, el agua y la minería

Una vez restablecido el orden, la lista de oradores comenzó a desfilar, reflejando la polarización que atraviesa la iniciativa. El proyecto en cuestión, que ya fue aprobado en el Senado con 40 votos a favor, propone modificar la definición de áreas periglaciares para limitar la protección solo a aquellas geoformas que cumplan “funciones hídricas relevantes”, dejando en manos de las provincias la determinación de qué áreas quedan bajo resguardo.

Una de las primeras en hablar fue la secretaria de Ambiente de La Pampa, Vanina Basso, quien rechazó de plano la reforma. Con un discurso cargado de emotividad, advirtió que su provincia es una de las tantas que dependen de los ríos que nacen en la cordillera y señaló que el agua no puede ser un concepto abstracto sujeto a decisiones unilaterales de los distritos de origen.

En la vereda opuesta, el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, salió a defender la reforma. Según su exposición, la ley actual genera una “falsa dicotomía” entre la minería y el cuidado del agua, y destacó que la actividad extractiva representa un porcentaje mínimo del consumo hídrico en comparación con la agricultura. Además, cuestionó la falta de precisión técnica de la normativa vigente, un argumento que fue retomado por el glaciólogo Gabriel Cabrera, quien sostuvo que la definición de “ambiente periglaciar” es jurídicamente abstracta y que el inventario nacional necesita ser actualizado con criterios más claros.

La expresidenta de la comisión de Recursos Naturales y diputada autora de la ley original, Marta Maffei, calificó el proyecto como “absolutamente regresivo”. En una línea similar, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel también hizo uso de la palabra para recordar que el agua es un derecho humano y no una mercancía, cuestionando duramente la falta de participación que, a su entender, viola los principios del Acuerdo de Escazú.

Impugnaciones y una judicialización anunciada

A medida que avanzaban las exposiciones, las críticas al formato se profundizaban. Legisladores de la Coalición Cívica, el peronismo y sectores del radicalismo formalizaron una impugnación ante la presidencia de la Cámara de Diputados, argumentando que la metodología impuesta cercenaba el derecho a la participación ciudadana y violaba la Ley General de Ambiente y el Acuerdo de Escazú.

Uno de los momentos de mayor tensión política se dio con la intervención del abogado ambientalista Enrique Viale, quien anunció una denuncia penal contra la senadora Flavia Royón. Viale la acusó de presunta incompatibilidad al haber votado a favor de la reforma mientras mantendría vínculos con una consultora que asesora a una empresa minera.

Desde la vereda oficialista, los diputados presentes defendieron el formato y aseguraron que todas las presentaciones, tanto las orales como las escritas y los videos, formarán parte del expediente y serán consideradas en igualdad de condiciones. Sin embargo, la advertencia del exdiputado Leonardo Grosso planeó sobre el cierre de la jornada: anticipó que, independientemente del resultado en el recinto, la ley será judicializada en cuestión de horas por las inconsistencias en el proceso de participación y por lo que consideran una violación a los principios constitucionales de protección ambiental.

En las inmediaciones del Congreso, mientras tanto, un operativo de seguridad con vallas y efectivos de la Gendarmería y la Policía Federal buscó contener la movilización de organizaciones sociales y ambientales que, bajo la consigna de que se les permita hablar, reclamaron por un debate que consideran cerrado de antemano.

La segunda jornada de audiencias se llevará a cabo este jueves en formato virtual, pero el desenlace político parece estar definido. Con los números necesarios para lograr la aprobación en la Cámara baja, el oficialismo apuesta a convertir en ley la reforma en los primeros días de abril, aunque el eco de los reclamos y las presentaciones judiciales anticipan que la disputa por los glaciares argentinos está lejos de terminar.