El Gobierno porteño se sumó como querellante en la causa por el derrumbe de Parque Patricios

La causa judicial por el derrumbe del complejo habitacional PROCREAR del barrio porteño de Parque Patricios acumula actores y complicaciones. El miércoles, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31 —donde tramita el expediente— un escrito para ser reconocido como parte acusadora en la investigación. En ese mismo tribunal, y en las mismas horas, los abogados que representan a los vecinos damnificados solicitaron la imputación inmediata de los responsables de la obra: la Constructora Sudamericana (COSUD) y el Banco Hipotecario.



El pedido del Gobierno porteño se fundamenta en el impacto directo que el colapso tuvo sobre el Estado local, que debió movilizar recursos extraordinarios para responder a la emergencia. En el escrito, la administración porteña detalla que el despliegue estatal incluyó operativos de rescate, atención sanitaria, inspección técnica, intervención de Defensa Civil, control del espacio público y asistencia a las personas que debieron abandonar sus viviendas. Esos gastos y esfuerzos, sostiene el Gobierno, exceden la obligación general de prestar servicios y están directamente ligados al hecho que se investiga. La decisión de intervenir en el proceso fue autorizada por el procurador general Martín Ocampo, y habilita a los profesionales de la Dirección General de Asuntos Penales a actuar dentro del expediente.

La figura jurídica utilizada es la del "tercero coadyuvante", contemplada en el artículo 11 del Código Procesal Penal de la Ciudad, que permite intervenir a quien sufrió un daño propio derivado del hecho investigado aunque no haya sido el denunciante original. Como parte acusadora, el Gobierno accede al expediente, puede incorporar pruebas, solicitar medidas procesales y proponer líneas de investigación, además de reclamar la compensación por los gastos asumidos durante la emergencia. El escrito también invoca la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos y pide acceso completo al legajo.

El hecho que originó todo ocurrió el 3 de marzo. Una losa de aproximadamente 50 por 70 metros colapsó en el Sector 2 del complejo, destruyó decenas de automóviles en el estacionamiento subterráneo y obligó a evacuar a más de 200 personas. COSUD realizaba en ese momento trabajos destinados a resolver un problema de filtraciones que los vecinos reclamaban desde 2022. El informe del Cuerpo de Bomberos identificó como factores determinantes el sobrepeso y la falta de mantenimiento, y documentó desprendimientos de recubrimiento, deformaciones estructurales y la presencia de setenta centímetros de suelo natural acumulado sobre la losa, una condición inusual para ese tipo de construcciones.

La situación en el complejo no se estabilizó con el paso de las semanas. El martes, una nueva alerta encendió las alarmas: una vecina que había regresado a su departamento por orden de la Justicia denunció que el marco de aluminio de uno de sus ventanales cedió hacia adentro, haciendo estallar los vidrios. El incidente provocó una nueva evacuación masiva del edificio. Ante esto, los abogados Fernando Burlando y Gabriel Fiedotin, que representan a los damnificados, presentaron el miércoles ante la fiscal María del Rosario Selvatici un pedido de imputación inmediata, argumentando que ya existen elementos de prueba directa y presuntiva que determinan la responsabilidad penal de las autoridades de COSUD y del Banco Hipotecario.

La acusación contra el banco apunta a su rol como responsable fiduciario del fideicomiso que administra el proyecto. Según el escrito de la querella, el Banco Hipotecario no solo gestionó los fondos sino que participó en la licitación, adjudicación y supervisión de la obra. El administrador del complejo declaró haber realizado reclamos reiterados al banco por las deficiencias estructurales desde el año 2021, y el banco habría intervenido activamente canalizando esas quejas y coordinando reparaciones junto a COSUD. Para los querellantes, esto significa que los problemas no surgieron a raíz del derrumbe, sino que estaban presentes desde las primeras etapas de habitabilidad del complejo.

La investigación también analiza las maniobras de COSUD en los días posteriores al colapso. Una inspectora que intervino en la escena declaró que representantes de la constructora intentaron que ella utilizara muestras que ellos mismos habían extraído, en lugar de realizarse la toma in situ según el protocolo técnico. Además, cuatro días después del derrumbe, cuando el edificio seguía evacuado, una retroexcavadora ingresó sin aviso previo al área del colapso durante la remoción de escombros, con presencia de personal jerárquico de la empresa.

Ante la nueva evacuación del martes, COSUD emitió un comunicado en el que rechazó cualquier vínculo entre la ventana doblada y el derrumbe del 3 de marzo. La empresa señaló que el desperfecto corresponde a una modificación realizada por terceros ajenos a la constructora luego de finalizada la obra, y que el sector donde ocurrió el incidente no cuenta con subsuelo, por lo que no tendría relación con el colapso anterior.

La causa queda así en manos de la fiscal Selvatici, con tres frentes abiertos en simultáneo: el pedido del Gobierno porteño de participar como querellante, la solicitud de imputación formal contra COSUD y el Banco Hipotecario, y la necesidad de determinar el estado real de habitabilidad de un edificio al que cientos de familias esperan poder volver.