- Sociedad
- 19.03.2026
CONTROL DE PLAGAS
Plagas en la Ciudad: un servicio clave para la salud pública con más presupuesto y menos control
El control de plagas en la Ciudad de Buenos Aires, una política central para la salud pública, presenta fallas estructurales de gestión que comprometen su eficacia.
Un informe de la Auditoría General porteña encendió señales de alerta sobre el funcionamiento del programa durante 2024: falta de planificación, sistemas de control que no operan y una fiscalización muy limitada sobre las empresas contratistas, en un contexto de fuerte expansión del gasto público.
El documento advierte falta de planificación integral, debilidades en la fiscalización de las empresas contratistas y sistemas de control que no funcionan correctamente, en un programa que maneja recursos millonarios.
La política de control de plagas es clave en una ciudad densamente poblada como Buenos Aires. Mosquitos como el Aedes aegypti, transmisor del dengue, la proliferación de roedores o la presencia de alacranes y arañas representan riesgos sanitarios concretos si no existen políticas preventivas sostenidas.
Sin embargo, la auditoría detectó que la gestión actual funciona más como respuesta a urgencias que como una política preventiva organizada. No existe un plan anual con tareas definidas, cronogramas de intervención ni responsables asignados, por lo que muchas acciones se activan a partir de reclamos vecinales en lugar de responder a una estrategia anticipada.
La presidenta de la Auditoría porteña, Mariana Gagliardi, advirtió que estas falencias afectan directamente la capacidad del Estado para garantizar el servicio.
“El control de plagas es un servicio clave para la salud pública. Cuando no hay planificación ni sistemas de control que funcionen, la gestión pierde capacidad preventiva y de evaluación, atendiendo reclamos pero sin poder medir resultados ni evaluar si la política está funcionando”.
El informe también pone el foco en la evolución del presupuesto. Durante 2024 el programa ejecutó $7.028 millones, y el presupuesto vigente registró un incremento del 436% respecto del monto aprobado originalmente en la ley de presupuesto.
En otras palabras, el gasto se amplió de manera significativa sin que exista una planificación clara que respalde esa expansión. Además, se detectaron problemas en la coordinación del servicio. En algunas zonas de la Ciudad se realizaron contrataciones mensuales por vía de excepción, pese a que existía una licitación pública vigente con otra empresa adjudicataria para esas mismas áreas, lo que evidencia debilidades en la organización del sistema.
Las falencias más preocupantes aparecen en los mecanismos de control. El sistema de geolocalización que debía permitir verificar en tiempo real las tareas realizadas por las empresas contratistas se encuentra inoperativo, con información inexistente o incompleta.
Esto implica que no hay herramientas efectivas para comprobar si las intervenciones se realizan y en qué condiciones.
La fiscalización sobre las empresas también es muy baja. Durante 2024 los controles realizados por el área responsable alcanzaron un máximo del 33% en algunos meses y cayeron hasta el 6% hacia fin de año.
El informe detectó además inconsistencias en los registros de fumigaciones realizadas y dificultades para verificar si los reclamos vecinales se resuelven dentro de los plazos establecidos, ya que muchos registros ni siquiera incluyen la fecha de ingreso de los pedidos.
A esto se suman problemas en las condiciones de trabajo del propio personal, que en algunos casos debe llevar los equipos de protección a sus domicilios para limpiarlos ante la falta de infraestructura adecuada, con exposición a residuos de plaguicidas.
Para Gagliardi, estas falencias muestran la necesidad de revisar el funcionamiento del programa.
“Sin planificación ni control real sobre las empresas contratistas, se pone en riesgo tanto la salud pública como el uso eficiente de los recursos públicos”, señaló.
El diagnóstico que deja el informe es claro: un programa que maneja recursos millonarios pero que carece de herramientas básicas de planificación, seguimiento y control, lo que vuelve cada vez más difícil garantizar la eficacia del servicio en la Ciudad.
El documento advierte falta de planificación integral, debilidades en la fiscalización de las empresas contratistas y sistemas de control que no funcionan correctamente, en un programa que maneja recursos millonarios.
La política de control de plagas es clave en una ciudad densamente poblada como Buenos Aires. Mosquitos como el Aedes aegypti, transmisor del dengue, la proliferación de roedores o la presencia de alacranes y arañas representan riesgos sanitarios concretos si no existen políticas preventivas sostenidas.
Sin embargo, la auditoría detectó que la gestión actual funciona más como respuesta a urgencias que como una política preventiva organizada. No existe un plan anual con tareas definidas, cronogramas de intervención ni responsables asignados, por lo que muchas acciones se activan a partir de reclamos vecinales en lugar de responder a una estrategia anticipada.
La presidenta de la Auditoría porteña, Mariana Gagliardi, advirtió que estas falencias afectan directamente la capacidad del Estado para garantizar el servicio.
“El control de plagas es un servicio clave para la salud pública. Cuando no hay planificación ni sistemas de control que funcionen, la gestión pierde capacidad preventiva y de evaluación, atendiendo reclamos pero sin poder medir resultados ni evaluar si la política está funcionando”.
El informe también pone el foco en la evolución del presupuesto. Durante 2024 el programa ejecutó $7.028 millones, y el presupuesto vigente registró un incremento del 436% respecto del monto aprobado originalmente en la ley de presupuesto.
En otras palabras, el gasto se amplió de manera significativa sin que exista una planificación clara que respalde esa expansión. Además, se detectaron problemas en la coordinación del servicio. En algunas zonas de la Ciudad se realizaron contrataciones mensuales por vía de excepción, pese a que existía una licitación pública vigente con otra empresa adjudicataria para esas mismas áreas, lo que evidencia debilidades en la organización del sistema.
Las falencias más preocupantes aparecen en los mecanismos de control. El sistema de geolocalización que debía permitir verificar en tiempo real las tareas realizadas por las empresas contratistas se encuentra inoperativo, con información inexistente o incompleta.
Esto implica que no hay herramientas efectivas para comprobar si las intervenciones se realizan y en qué condiciones.
La fiscalización sobre las empresas también es muy baja. Durante 2024 los controles realizados por el área responsable alcanzaron un máximo del 33% en algunos meses y cayeron hasta el 6% hacia fin de año.
El informe detectó además inconsistencias en los registros de fumigaciones realizadas y dificultades para verificar si los reclamos vecinales se resuelven dentro de los plazos establecidos, ya que muchos registros ni siquiera incluyen la fecha de ingreso de los pedidos.
A esto se suman problemas en las condiciones de trabajo del propio personal, que en algunos casos debe llevar los equipos de protección a sus domicilios para limpiarlos ante la falta de infraestructura adecuada, con exposición a residuos de plaguicidas.
Para Gagliardi, estas falencias muestran la necesidad de revisar el funcionamiento del programa.
“Sin planificación ni control real sobre las empresas contratistas, se pone en riesgo tanto la salud pública como el uso eficiente de los recursos públicos”, señaló.
El diagnóstico que deja el informe es claro: un programa que maneja recursos millonarios pero que carece de herramientas básicas de planificación, seguimiento y control, lo que vuelve cada vez más difícil garantizar la eficacia del servicio en la Ciudad.
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