Gabriel Sánchez Zinny será indagado por créditos fiscales a Toyota

La jueza federal María Eugenia Capuchetti citó a declaración indagatoria al jefe de Gabinete porteño y ex titular del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), Gabriel Sánchez Zinny, por presunta defraudación y negociaciones incompatibles vinculadas a certificados de crédito fiscal otorgados a Toyota Argentina.

La citación a indagatoria fue dispuesta para el 3 de marzo en el marco de la causa CFP 1837/2024, caratulada “Sánchez Zinny, Gabriel y Otros s/ Negociaciones incompatibles, defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la Administración Pública”, a pedido de la Fiscalía Federal N° 12 a cargo de María Alejandra Mangano.

Junto a Sánchez Zinny, también fueron convocados Diego Pablo Taurizano, Diego Hernán Gabella y Martín Galante, quienes se desempeñaban entre marzo de 2016 y abril de 2017 en el INET)y en el Ministerio de Educación y Deportes, confirmó NA.
La imputación sostiene que los funcionarios habrían realizado contrataciones a través del régimen de crédito fiscal que no podían efectuarse de manera directa, debido a incumplimientos del régimen de contrataciones públicas y a vínculos familiares y personales con integrantes de las empresas beneficiadas.

Según la fiscalía, los certificados de crédito fiscal emitidos a favor de Toyota Argentina SA para proyectos educativos habrían sido utilizados para contratar servicios de consultoría y publicidad privada que no se ajustaban a los fines educativos de la ley 22.317. Las firmas involucradas fueron Grupo Arde SRL, Grupo SI SRL y Blink SRL, cuyos servicios presentaban irregularidades, baja calidad e inconsistencias documentales.

El presunto perjuicio asciende a $2.854.405, que actualizado alcanza los $16.515.389,42, mientras que el total originalmente presupuestado para Toyota Argentina SA era de $7.000.000, equivalentes a unos $40.501.514,67 actualizados. La fiscalía fundamenta la causa en la Resolución INET 2/2016 y en la tramitación de expedientes especiales que no se registraron en los sistemas habituales del organismo.

La fiscalía considera que la evidencia reunida, que incluye documentación de la Oficina Anticorrupción y expedientes internos del INET, justifica la indagatoria. Los imputados deberán responder por posibles delitos de defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, aunque la investigación podría derivar en nuevas imputaciones.