COPARTICIPACIÓN

El Gobierno modificó el Presupuesto 2026 para cumplir el fallo por la coparticipación de Ciudad

La modificación del Presupuesto 2026 implica una redistribución de recursos del Tesoro nacional para cumplir el fallo de la Corte Suprema por la coparticipación porteña, con impacto en la asistencia financiera al resto de las provincias.



El Gobierno nacional introdujo cambios en el Presupuesto 2026 para cumplir al fallo de la Corte Suprema por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y reforzar las partidas destinadas al funcionamiento del Senado de la Nación. La medida quedó formalizada a través de la Decisión Administrativa 2/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Según lo dispuesto, se asignaron $190.000 millones a la Ciudad, en cumplimiento de la medida cautelar dictada por el máximo tribunal, y $14.300 millones al Senado de la Nación para afrontar gastos vinculados a su normal funcionamiento. La normativa señala que la adecuación del presupuesto vigente en distintas jurisdicciones y organismos de la Administración Nacional responde a la necesidad de “afrontar gastos que hacen al cumplimiento de su cometido”.

En cuanto a los fondos destinados a la Ciudad de Buenos Aires, el Presupuesto 2026 establece que se ejecutarán desde el Tesoro nacional como transferencias corrientes, lo que en los hechos implica una redistribución de recursos dentro del esquema general del presupuesto nacional y un recorte en la asistencia financiera destinada al resto de las provincias y municipios del país.

En el caso del Poder Legislativo, el texto analizado por la Agencia Noticias Argentinas indica que “es menester incorporar en el presupuesto del H. Senado de la Nación, actuante en el ámbito del Poder Legislativo Nacional, créditos necesarios para atender gastos que hacen a su normal funcionamiento”. Los fondos, que provienen del Tesoro nacional, se distribuirán en $10.611 millones para gastos de consumo y servicios, y $3.689 millones para la adquisición de maquinaria y equipamiento.

Asimismo, la decisión administrativa dispuso un incremento presupuestario de $42.570.000 para el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, organismo que funciona en el ámbito del Poder Legislativo. En este caso, los recursos provienen de un convenio de subvención celebrado con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), por lo que no implican una gasto directo del Ejecutivo nacional, aunque sí quedan registrados como una ampliación formal del presupuesto del organismo.

Por otra parte, dentro de la estructura interna del Ministerio de Economía, se realizó una compensación técnica de créditos por $400.000.000, reasignados desde partidas de servicios no personales para reforzar el rubro “Personal – Gabinete de Autoridades Superiores”, como parte de los ajustes administrativos que acompañan esta modificación presupuestaria.


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