La Legislatura aprobó la creación del Servicio Penitenciario porteño

  La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la creación del Servicio Penitenciario y la Ley de Ejecución de la Pena, iniciativas que obtuvieron un amplio respaldo multipartidario y que marcan un avance histórico en el proceso de autonomía porteña. Con 54 votos afirmativos y tres en contra, la Ciudad contará por primera vez con un sistema penitenciario propio, preparado para gestionar a los detenidos bajo la órbita de la Justicia local y para facilitar el traspaso de competencias desde Nación.

El nuevo organismo dependerá de la Jefatura de Gobierno, a través del Ministerio de Justicia porteño, mientras que el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) se encargará de la formación y de la capacitación permanente de los efectivos. Su estructura incluirá un director general, un subdirector general, y direcciones de Seguridad Penitenciaria; Diagnóstico, Tratamiento y Plan de Vida; y Recursos Humanos y Bienestar Laboral. La actividad del servicio será considerada un servicio esencial del Estado.

El sistema se organizará por dos cuerpos diferenciados: los Agentes de Seguridad Penitenciaria, una fuerza civil armada destinada exclusivamente a custodia y seguridad, y los Agentes de Reintegración Social, profesionales y técnicos encargados del tratamiento, acompañamiento y diseño del Plan de Vida de cada detenido, una de las innovaciones centrales de la ley. Este plan apunta a fortalecer las posibilidades de reinserción social mediante educación, salud, capacitación laboral y apoyo interdisciplinario.



La aprobación llega en un contexto de negociaciones entre Ciudad y Nación por el traspaso del Servicio Penitenciario Federal y el traslado de los más de 2.400 detenidos que hoy se encuentran alojados en comisarías y alcaidías porteñas. El convenio también contempla el uso de sectores de los penales de Ezeiza y Marcos Paz, y el traslado de los internos de la cárcel de Devoto, que dejaría de funcionar.

Las fuerzas políticas destacaron el consenso alcanzado tras meses de debate. La presidenta de la Comisión de Justicia, Inés Parry (UCR), celebró “un punto de inflexión histórico”, mientras que la titular de la Comisión de Seguridad, Gimena Villafruela (PRO), lo definió como “un hito para la autonomía porteña”. Graciana Peñafort (Unión por la Patria) subrayó que el texto final es “más integral y más humano”, y Rebeca Fleitas (La Libertad Avanza), afirmó que salda una deuda de más de 30 años.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, celebró la sanción al afirmar que “es histórico que tengamos nuestro propio Servicio Penitenciario. Cada competencia que asumimos tiene un impacto directo en la vida de los 3 millones de vecinos”.

La Ley de Ejecución de la Pena, aprobada en paralelo, introduce un sistema propio que busca que el condenado comprenda “la gravedad de sus actos, respete la ley y logre la reintegración social. La normativa introduce innovaciones que le reconocen a la víctima el derecho a la reparación por parte de quien haya cometido el delito”, finalizó el comunicado del Gobierno porteño.

Con estas herramientas jurídicas, el Gobierno porteño apunta a reducir la sobrepoblación en comisarías y alcaidías y avanzar hacia un sistema penitenciario moderno, con equilibrio entre la seguridad, profesionalización y reintegración social. Según cifras oficiales, actualmente hay 2.432 presos en dependencias porteña: 414 imputados, 1.628 procesados y 390 condenados. Respecto a los delitos, 1.665 se encuentran detenidos por afectaciones contra la propiedad, 244 contra la integridad, 178 contra las personas y 131 contra la administración.