Barrios populares en emergencia: La menor inversión en más de una década

El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires (MPD CABA), la Defensoría del Pueblo porteña, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentaron un informe ante legisladores y legisladoras de la Ciudad que da cuenta de un grave retroceso en las políticas públicas de integración socio urbana en los barrios populares.

El documento titulado: “Para los barrios populares no hay plata: baja presupuestaria y vulneración de derechos en las villas de la Ciudad” revela que el Proyecto de Presupuesto 2026 será la menor inversión en este ámbito de los últimos catorce años, con una caída del 23% respecto del presupuesto aprobado para 2025.

La reducción, advierten, impacta directamente sobre las condiciones de vida de más de 275.000 personas, casi el 10% de la población porteña, que habitan en villas y asentamientos.

El informe denuncia que los fondos asignados se concentran en medidas paliativas o de emergencia, dejando de lado los procesos de urbanización integral y el cumplimiento de leyes y fallos judiciales que garantizan derechos reconocidos, como el acceso a una vivienda digna, servicios básicos y participación comunitaria.

“La desinversión estatal, la disolución de equipos técnicos especializados y la paralización de obras esenciales implican una dilapidación de la inversión pública acumulada en la última década”, explica el documento. Además, alerta sobre los riesgos que representa esta situación: mayor precariedad habitacional, inseguridad eléctrica y sanitaria, y exclusión de espacios de participación previstos por ley.

Las organizaciones destacan que esta regresión se produce a pesar del amplio consenso político y social que dio origen a las normativas locales y nacionales en materia de integración urbana. En ese marco, remarcan que la desigualdad se profundiza en la ciudad más rica del país:

• La expectativa de vida en barrios populares es, en promedio, 11 años menor que en otras zonas.
• El hacinamiento y la pobreza se quintuplican en comparación con los barrios formales.
• Las mujeres jefas de hogar, los niños, niñas y personas mayores son los más afectados.

Frente a esta situación los organismos exigen el establecimiento de políticas públicas sostenidas, con financiamiento adecuado y mecanismos participativos. Reafirman que garantizar la continuidad de los procesos de urbanización y cumplir con los compromisos asumidos es fundamental para hacer efectivos los derechos constitucionales al hábitat adecuado, la vivienda digna y la integración urbana.