Cuando ser pobre es un delito

Desde su campaña en 2023, el actual jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ha generado polémica en relación a su visión de la gente en situación de calle con dichos como “los cajeros automáticos se han transformado en monoambientes de algunos” que estigmatiza y habilita agresiones.
 
Ya en su actual cargo, en abril del 2024, volvió a ser foco con el llamado “operativo especial de orden y limpieza”, que mostraba el antes y después de que levantarán a gente que vivía en la calle en distintos puntos de la Ciudad, como si se tratará de basura u objetos que se mueven para limpiar un lugar. Luego de esto tuvo que salir a disculparse y dijo que “fue poco feliz” y una “muy mala comunicación”.
 
El investigador del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y director del Observatorio Nacional de Políticas Públicas sobre Personas en Situación de Calle (ONPPSC), Santiago Bachiller, aseguró en diálogo con Nueva Ciudad que estas políticas “apuntan a invisibilizar, a desplazar a las poblaciones y forzarlas a que no se sedentaricen, dispersarlas y que no se agrupen, porque cuando se agrupan son hipervisibles”.
 
En este sentido, observa: “En última instancia lo que están haciendo es que la gente se traslade de una zona céntrica, por ejemplo, a un barrio periférico, lo que además genera aislamiento. Cuando no tenes trabajo o tenés trabajo súper precario, y a su vez te falta un espacio privado, estas obligado a apropiarte temporalmente del espacio público. Y justamente estas medidas lo que intentan es evitar eso y evitar la visibilidad. Son medidas que apuntan a que haya estadísticas que no escandalicen a la población y te permitan reducir las partidas presupuestarias. Una forma de invisibilizar es a partir de esconder la verdadera dimensión del fenómeno de la calle, subregistrando. Eso lo vemos permanentemente, por ejemplo, en la diferencia entre las estadísticas de los conteos por parte del gobierno de la Ciudad y los censos polares”.
 
En marzo del 2025, los Relatores Especiales de Naciones Unidas (ONU) enviaron una comunicación al Gobierno nacional en la que expresan su “grave preocupación por las medidas e intervenciones discriminatorias contra las personas sin hogar, los recicladores urbanos y los vendedores ambulantes” que se llevan adelante en la Ciudad de Buenos Aires bajo la bandera del “Orden y la Limpieza”.
 
“Las medidas denunciadas sugieren un patrón de «criminalización» de las personas sin hogar, que viven en la pobreza extrema y del trabajo informal, en lugar de abordar los problemas socioeconómicos sistémicos proporcionando acceso a una vivienda adecuada, asistencia social, programas de empleo y vías para que los vendedores realicen la transición al mercado laboral formal en cumplimiento de los derechos humanos internacionales y las normas laborales internacionales”, manifestaron el Relator Especial sobre vivienda adecuada, Balakrishan Rajagopal, y el Relator Especial sobre la extrema pobreza, Olivier De Schutter.
 
En mayo del mismo año, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires publicaron el informe “Personas en Situación de Calle en la Ciudad de Buenos Aires”.
 
El documento muestra que de noviembre de 2023 a noviembre de 2024 aumentaron un 23,22 por ciento las personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires y una falta de política integral para abordar la problemática: “El abordaje actual, por su propio diseño, dista de proveer condiciones de alojamiento definitivo, que redunda en la cronificación de la situación de emergencia y de una respuesta estatal que se pensó transitoria. Esta falta de integralidad en el abordaje se explica fundamentalmente por una ausencia total de políticas de acceso a la vivienda adecuada en la ciudad, que no ha previsto programas para la provisión progresiva de soluciones habitacionales definitivas para población general, ni ha evaluado programas de producción alternativos a través de cooperativas, alquiler social, o movilización de viviendas ociosas”.
 
Respecto al 2024, el presupuesto interanual en términos reales del Instituto de Vivienda de la Ciudad descendió un 27,25 por ciento en 2025, siendo el más bajo en 12 años.
 
A su vez, muestra que la estrategia de la gestión actual del Gobierno de la Ciudad tiene un abordaje bifrontal “caracterizado, por un lado, por una política de fuerte tinte punitivo y estigmatizante, ilustrada por el paradigma oficial de “Orden y limpieza”, que incluye la remoción de personas en situación de calle del espacio público, detenciones y violencia institucional; y, en paralelo, un aumento presupuestario para dispositivos destinados a brindar alojamiento transitorio y una mejor segmentación de sus prestaciones, que aún así no logran trascender la fragmentación del abordaje y la cronificación de las intervenciones de emergencia”.
 
En este sentido, según datos del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, las denuncias de violencia institucional ejercida contra personas en situación de calle aumentó un 128 por ciento entre el primer semestre de 2023 y el primer semestre de 2024. Y el 34 por ciento de las personas en situación de calle detenidas reportan haber sufrido violencia institucional en 2024: requisas irregulares, desplazamientos forzados, violencia física y verbal y detenciones arbitrarias.
 
“También aumentaron las contravenciones por cosas que tienen que ver con la subsistencia. De repente le aplican una contravención a un tipo por tener un cuchillo, que lo tiene porque vive en la calle y a lo mejor lo usa para cocinar. En enero de 2024 hubo 37 contravenciones y en diciembre 1374. Todo esto apunta a la misma lógica de criminalizar la pobreza, teniendo una visión súper restrictiva del espacio público. En última instancia lo que me parece más lamentable es que estamos discutiendo el derecho a permanecer en el espacio público y no así el derecho que garantiza la Constitución a una vivienda, un trabajo o una vida digna, en el fondo”, comenta Bachiller.
 
El enfoque de “orden y limpieza” del GCBA “ubica a las personas en situación de calle como parte del problema de higiene urbana, la despersonaliza y fortalece la estigmatización del grupo, desconociendo los estándares y garantías fijados por la normativa nacional y local, que consagra el derecho de las personas en situación de calle al acceso y uso de los espacios públicos, y condiciona como una medida excepcional el uso de la fuerza pública coercitiva”, asevera el documento.
 
Por otro lado, en 2025 hubo un aumento del 40,11 por ciento en partidas presupuestarias destinadas a programas habitacionales para personas en situación de calle. “Sin embargo, estos programas se siguen orientando fundamentalmente a ofrecer una respuesta de emergencia y transitoria, principalmente a través de un subsidio habitacional, o de una vacante en un Centro de Inclusión Social (CIS)”, afirma el informe y aclara que “estos programas, aunque presentan mejoras respecto de la política anterior de paradores, siguen sin resolver otros problemas estructurales”.
 
En relación a este punto, Santiago Bachiller expresa: “Lo que se observa, a mi modo de ver, es una dificultad enorme para dar un salto de políticas públicas asistencialistas basadas en la emergencia, hacia lo que sería un real enfoque de política integral de derechos, tal cual lo plantea la Ley 3706”.
 
Por esto es fundamental pensar en políticas públicas que hagan frente a esta situación, a lo que Bachiller continúa: “Diferenciaría en dos planos. Por un lado políticas universales, que benefician no solo a la población en calle sino al conjunto de la ciudadanía, y que van muy a contramarcha de la tendencia actual. Tiene que ver con ser capaces de generar empleo genuino, regular mercados de vivienda, de trabajo, otro sistema impositivo que no sea regresivo. En segunda dimensión políticas afirmativas para personas en situación de calle en concreto, que tienen que ver, por ejemplo, con ofrecer realmente hogares y no alojamientos masivos temporales, trabajos de calidad que permitan salir de la calle”.
 
El aumento sostenido de personas en situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no puede abordarse con operativos que las ocultan ni con políticas de emergencia que cronifican la exclusión. Mientras se insista con una lógica que estigmatiza, medidas que buscan mantener la pobreza fuera de vista y el derecho a la vivienda sea una promesa lejana, las cifras seguirán aumentando. Frente a un enfoque punitivo que fragmenta y desplaza, es necesario un cambio de paradigma que deje de ver la pobreza como una molestia y la reconozca como una deuda estructural del Estado, con políticas públicas integrales que garanticen vivienda, trabajo y condiciones de vida dignos.