El Senado aprobó a Ley de Emergencia en Discapacidad y libertarios pidieron “dinamitar el Congreso”

El Senado aprobó por unanimidad la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de extenderse un año más.
 
El proyecto -que obtuvo 55 votos a favor y ninguno en contra (17 ausentes)- recompone las prestaciones arancelarias desde el 1 de diciembre de 2023 en base a la inflación acumulada en el período y actualiza el nomenclador para la indexación mensual automática de las pensiones no contributivas de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor del INDEC.
 
De esta manera, la iniciativa garantiza partidas presupuestarias para incrementar el pago a los prestadores de servicios y saldar la deuda para enfermeros, acompañantes y transportistas.
 
Además, busca aumentar los fondos correspondientes a los trabajadores con discapacidad que son empleados en talleres asistidos: en la actualidad cobran $28.000 mensuales, un monto tiene aumentos desde febrero del 2023.
 
También se planteó una mayor eficiencia en el proceso de auditorías y aprobación de pensiones, dado que en los últimos 14 meses se otorgaron 586 de las 500.000 solicitudes. Se pedió la actualización de estos montos, que para junio del 2025 era de $213.286,50.
 
El proyecto llegó a la Cámara de Diputados, donde fue aprobada por amplia mayoría a comienzos de junio pasado, con el respaldo de los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Coalición Cívica.

La respuesta de influencers libertarios

“LOS TANQUES A LA CALLE YA. ES AHORA”, posteó Daniel “Gordo Dan” Parisini en X mientras avanzaba la sesión especial. Minutos después, Fran Fijap redobló la apuesta: “HAY QUE DINAMITAR TODO EL CONGRESO, CON DIPUTADOS Y SENADORES ADENTRO”. Ambos mensajes se viralizaron y desataron una ola de repudios por incitación a la violencia y apología de delito.
 
Las frases circulan justo cuando la Cámara alta debate proyectos que irritan al Ejecutivo y cuando el bloque libertario denuncia un supuesto “golpe institucional”. Dirigentes opositores advirtieron que los tuits constituyen “amenaza pública” y podrían configurar intimidación agravada, la misma figura penal que Bullrich invocó para justificar otras detenciones recientes.
 
El antecedente es fresco: el 18 de junio, la PSA detuvo a Joel Pessi —militante— por decir ante cámaras “lo voy a matar” al Presidente. La ministra celebró la captura con un “Amenazas, respuesta inmediata”. Organizaciones de derechos humanos señalan ahora una “doble vara” si los autores libertarios no reciben igual trato.
 
Cabe señalar que si la ministra mantiene silencio quedará expuesta entonces a una política criminal selectiva que tolera los discursos de odio cuando provienen del propio espacio. ¿Doble moral otra vez? La pelota está en el despacho de Bullrich: el mismo Código Penal que llevó a prisión a Pessi reclama ahora decisión para frenar a quienes fantasean con tanques y dinamita contra el Congreso.