La Justicia ordenó que se relice el juicio en ausencia de los acusados por el atentado a la AMIA

Hoy, el juez federal Daniel Rafecas determinó que se realice el juicio en ausencia contra los diez acusados del atentado a la AMIA que llevan décadas prófugos. En medio de las tensiones entre Irán e Israel, se juzgará a exfuncionarios del gobierno iraní y miembros de Hezbollah que fueron considerados por la Justicia como los presuntos responsables del ataque terrorista del 18 de julio de 1994 que dejó 85 muertos y más de 150 heridos.
 
La decisión llega tras un pedido del fiscal Sebastián Basso. El fallo de Rafecas sostuvo que los sospechosos fueron declarados en rebeldía hace años, saben perfectamente que están siendo buscados y nunca respondieron a los pedidos de extradición, que fracasaron en todos los casos, según consignó Diario Popular.
El proceso será un juicio oral y público normal, pero sin imputados y sin declaración indagatoria. Sí tendrá testigos, planteos de defensores, alegatos finales y veredicto. Según la investigación, el atentado habría sido organizado desde las más altas esferas del régimen iraní, con apoyo logístico y operativo de Hezbollah en Argentina y en la Triple Frontera.
 
Los acusados pueden apelar esta decisión ante la Cámara Federal porteña. Se trata de Alí Fallahijan, Ali Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Moshen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar, quienes nunca se presentaron ante las autoridades judiciales locales.
 
Según la propia fiscalía el atentado fue ejecutado por la división armada y clandestina de la organización de Hezbollah, con autorización, directivas y financiamiento de quienes se encontraban a cargo del gobierno de Irán y de la embajada diplomática de ese país en Argentina.
 
Por su parte, Rafecas consideró en su fallo que “el juicio en ausencia, por más limitado que sea, aun así sigue siendo una herramienta que permite, al menos intentar conocer la verdad, reconstruir lo ocurrido y, sobre todo, darles a quienes representan a las víctimas, un lugar para expresarse públicamente en ese proceso”.
 
“Un juicio no garantiza certezas, pero sí abre una posibilidad. La posibilidad de que el fiscal intente probar lo que sostiene. La posibilidad de que se escuchen todas las voces. La posibilidad de que los hechos, por fin, salgan a la luz. Y a veces, eso solo ya vale la pena”, afirmó el magistrado en su dictamen.
 
Según el juez, no se trata “de cerrar heridas por decreto, ni de forzar una reparación simbólica”, sino de “intentar mostrar, con todos los cuidados y controles del proceso, lo que se hizo, lo que se investigó y, por ende, lo que no se hizo, lo que falta, lo que se puede revisar”. Además, es clave para Rafecas que todo esto se haga “públicamente”.