Organizaciones y la Defensoría contra el ajuste en discapacidad de Nación

La Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, se reunió con representantes de organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad (PCD) ante la elevada preocupación que viven a partir del decreto del Gobierno nacional que busca desregular las prestaciones para este sector y generar inequidad.

Los referentes expresaron su inquietud durante el encuentro por la medida impulsada por el gabinete de Javier Milei que implicaría, entre otras cosas, la eliminación del nomenclador del sistema de prestaciones básicas, que es un marco tarifario único y consensuado.

Lo que denuncian desde el sector es que con dicha medida se favorece la disparidad e inequidad en el acceso a las prestaciones requeridas por las PCD.

La norma de la gestión libertaria trascendió el 10 de mayo y establece que las prestaciones financiadas por los organismos públicos --establecidas por la Ley 24.901-- “se fijarán de forma independiente a los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas”.

Tras el encuentro, la Defensoría elevó un documento consensuado con las organizaciones que explica que en la actualidad las prepagas, Obras Sociales y el Sistema Público (Incluir Salud y PAMI) "están obligadas a cubrir el 100% de las prestaciones de habilitación y rehabilitación indicadas a las personas con discapacidad".

Los aranceles de las mismas se encuentran regulados y expresados en un único valor con la finalidad de garantizar el derecho a la salud y a la educación a todas las personas con discapacidad, sin diferenciar el tipo de cobertura que posean. Por lo tanto, la existencia de un valor universal iguala la calidad de servicios, siendo que las personas con recursos altísimos o muy bajos reciben la misma prestación.

"En contraposición, la propuesta de las autoridades nacionales que trascendió mediáticamente establece que cada financiador del sistema de salud tiene la potestad de estipular su propio nomenclador. Es decir, faculta a la Superintendencia de Servicios de Salud SSS (que regula a obras sociales y Prepagas), al PAMI y a Incluir Salud, a establecer los valores que están dispuestos a pagar por estas prestaciones", precisaron. 

Ante ese escenario, las organizaciones de personas con discapacidad, acompañadas por el ente que encabeza Muiños, expresaron "mucha preocupación" por "esta modificación en tanto abre la puerta para la existencia de prestaciones de diversa calidad para personas con discapacidad con diferente tipo de cobertura".

"No perdemos tampoco de vista que esta medida es puesta en consideración en un proceso de desfinanciamiento del sistema de salud, de aumento de las cuotas de la medicina prepaga y donde peligra la continuidad de muchas políticas de inclusión orientadas a este colectivo", sostuvieron. 

En ese sentido, enfatizaron: "Por estos motivos rechazamos la mencionada propuesta, y solicitamos nos convoquen para poder participar de todos los proyectos tendientes a robustecer la integralidad y universalidad del sistema de prestaciones para personas con discapacidad. Cabe recordar, que el Preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, inc. o, afirma: "que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan directamente".

"Requerimos además al Poder Legislativo que se avance en la aprobación de un proyecto que incorpore al Nomenclador único en la Ley de Prestaciones Básicas 24.901", concluyeron.