CIUDAD

Trasladan a Comodoro Py la causa por el viaje de jueces, funcionarios porteños y ejecutivos de Clarín

La investigación estará a cargo del juez Sebastián Ramos, de quien se conocieron conversaciones por chat con el ex ministro de Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro. La decisión del traslado fue de la Cámara de Casación.

Hoy, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió trasladar la investigación por el viaje de jueces, funcionarios porteños y ejecutivos del Grupo Clarín a la estancia de Joseph Lewis en Lago Escondido a los tribunales de Retiro y que no siga en la justicia de Bariloche.

Según consignó Tiempo Argentino, la sala I del máximo tribunal penal federal del país dispuso «declarar competente al juzgado nacional en lo Criminal y Correccional Federal 2» de la ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Sebastián Ramos. Hace un tiempo se conocieron una conversación entre Ramos y el ex ministro de Seguridad, Marcelo D´Alessandro, quien es investigado en la causa que ahora estará en manos de Ramos.

El expediente que llega a Retiro tiene como imputados al juez en lo Criminal y Correccional Julián Ercolini; al fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; al ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro; al juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Alberto Mahiques; al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 2, Pablo Yadarola; y a Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal nro. 9.

También están imputados Leonardo Bergroth, ex integrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE); Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit; y los directivos del grupo Clarín Pablo César Casey y Jorge Rendo.

La investigación se centra en un viaje que realizaron todos juntos en octubre pasado a la estancia de Lewis en Lago Escondido, para lo cual llegaron a Bariloche en vuelos privados. La principal razón para el traslado, según Casación es que los implicados son “funcionarios públicos (jueces federales, un ministro y un fiscal), entre otros, por haber aceptado determinados servicios de costo económico, ofrecidos por empresarios en razón de los cargos que ejercían”.

Además, se investiga si “aquellos beneficios podrían haber estado vinculados a específicas intervenciones que tuvieron en casos puntuales ligados a los roles que poseen”. Para el camarista, los hechos denunciados sucedieron en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.

En ese sentido, agregó: “Las circunstancias que son dirimentes para la solución del tema tienen una nota en común: habrían acontecido en esta Ciudad de Buenos Aires y a los fines de determinar la competencia territorial (únicos que se analizan en la presente) deviene insustancial cuál habría sido el destino previamente pactado y después concretado de aquellos servicios”.

El vínculo entre juez Ramos y D´Alessandro

El vínculo entre el juez Ramos y el ex ministro D´Alessandro quedo develado por una serie de chats que se dieron a conocer donde ambos mantienen una conversación por un auto.

Lo que ocurrió fue que el magistrado se presentó a declarar ante la Comisión de Juicios Políticos, allí Germán Martínez, presidente del bloque del Frente de Todos, le preguntó si tenía alguna relación con Silvio Robles y D'Alessandro, dos de los implicados en el escándalo de los chats. Ramos respondió "no, señor".

Minutos después, se conocieron nuevos mensajes de chat entre Ramos y Marcelo D'Alessandro donde hablaban de una especie de concesionaria de autos o sobre qué hacen referencia, pero habría que investigar cómo es que el ministro de Seguridad de la Ciudad le entrega y cede autos a un juez federal.

Ante esta filtración, la presidenta de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, denunció a Ramos por falso testimonio. Sin embargo, el juez Sebastián Casanello desestimóbasó su resolución en un dictamen del fiscal Guillermo Marijuan, quien consideró que no había delito. El cierre formal del caso fue por “falta de impulso fiscal”. Marijuan postuló la desestimación "por considerar que no constituyen delito los hechos contenidos en la denuncia”.

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