CIUDAD

El bloque del Frente de Todos busca repudiar el desalojo en el barrio Padre Múgica

Días atrás, el Gobierno de la Ciudad desalojó y quemó la toma “Fuerza de Mujeres”. La legisladora Laura Velasco presentó un proyecto de declaración a través del cual buscará expresar su rechazo al desalojo.

El jueves pasado, la Policía de la Ciudad llegó con violencia al predio de la Containera, en la Villa 31, para concretar el desalojo de más de 200 familias que llevaban tres meses instaladas allí, en reclamo por una vivienda digna. El operativo incluyó topadoras, fuego, golpes y al menos dos detenciones.

En ese sentido, la legisladora del Frente de Todos (FdT) y presidenta de la Comisión de Mujer e Infancia, Laura Velasco, presentó en la Legislatura porteña un proyecto de declaración para expresar su repudio por lo ocurrido en el predio “La Containera”, donde se daba la toma de tierras conocida como “Fuerza de Mujeres”, ya que era llevada a delante por jefas de familia.

En los fundamentos de la iniciativa, la legisladora planteó el texto busca “repudiar el desalojo perpetrado por la Policía de la Ciudad a mujeres, niños y niñas de la toma ‘La fuerza de las mujeres’ que se encontraban ocupando el predio ‘La Containera’ del Barrio Padre Mugica por falta de vivienda” y remarcó que “resulta de extrema preocupación la falta de una respuesta por parte del Gobierno de la Ciudad que dé una solución a la demanda habitacional de las familias”.

Según consignó Parlamentario, el texto indicó que “el desalojo fue perpetrado a alrededor de cien familias, en su mayoría conformadas por niños, niñas y madres sin vivienda propia, ni posibilidad de acceder a un alquiler, que desde el 30 de junio se encontraban ocupando el sitio de la Containera que anteriormente era un basural” y precisó que “las familias estaban viviendo en condiciones sumamente precarias en casillas y ranchos, sin embargo el GCBA nunca les dió una respuesta”.

“En contexto de pandemia las desigualdades sociales se han agudizado, es menester entonces una intervención mayor del Estado con perspectiva de derechos humanos para proteger a los grupos más vulnerados, las mujeres y las infancias en situación de pobreza, utilizando hasta el máximo de los recursos disponibles y no la represión como única respuesta posible, añadió.

Y concluyó aseverando que “resulta de extrema gravedad entonces el hecho de que el GCBA no haya arbitrado ninguna respuesta que impidiera el uso innecesario y absurdo de la violencia institucional, el ingreso de las topadoras al barrio que pisotearon a las 100 mujeres y a los 170 niños y niñas que habitaban las viviendas que destruyeron".

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