VACANTES ESCOLARES

Legisladores debaten hoy si archivan el pedido de juicio político a integrantes del TSJ porteño

El pedido de enjuiciamiento se debe a que dictaminaron que el Estado no tiene la obligación de garantizar vacantes escolares a niños menores de tres años. Fue presentado por la oposición pero rechazado por el oficialismo local.

Hoy la Legislatura porteña deberá decidir si lleva o no a un juicio político a cuatro jueces del Tribunal Superior de Justicia (TJS) de la Ciudad, por dictaminar que no es obligación del Estado garantizar vacantes escolares a niños menores de tres años. El pedido de juicio político fue presentado por la oposición pero rechazado por el oficialismo local.

En ese sentido, el pedido llega al recinto con un dictamen de mayoría, que dispone su archivo, y otro de minoría que solicita "iniciar el procedimiento previsto en Constitución de la Ciudad a los efectos de establecer si los jueces Marcela De Langhe, Inés Weinberg de Roca, Santiago Otamendi y Francisco Lozano" incurrieron en "mal desempeño de sus funciones".

El pedido de juicio político fue presentado en diciembre de 2020 por los 20 diputados porteños que conforman los bloques del Frente de Todos (FdT) y de Frente de Izquierda (FIT). La semana pasada fue rechazado en una reunión de comisión, por el bloque oficialista Vamos Juntos (VJ) y sus aliados de UCR-Evolución.

Según consignó Télam, en la última reunión de comisión de Asuntos Constitucionales, el diputado Gastón Blanchetiere (VJ) declaró: "Estamos presenciando un intento de apelación velado. El contenido de una sentencia no constituye una causal de mal desempeño, en todo caso, es materia de apelación si hubiera una instancia superior".

Y luego añadió que "es la conducta de los jueces" lo que puede motivar su destitución, y afirmó que la iniciativa de la oposición "no admitía más discusión y correspondía su archivo, sin más".

El proyecto de la oposición cuestionaba a los jueces por dictaminar que no existe una obligación del Estado de ofrecer vacantes escolares a las niñas y niños de entre 45 días y 3 años y por habilitar criterios de priorización basados en la capacidad económica de las familias. De acuerdo a esa sentencia, las familias que tienen la posibilidad de pagar una institución del sistema de educación privada, no pueden exigir una vacante en el sistema público.

Al respecto, la diputada del FdT Cecilia Segura dijo en la comisión que con ese fallo "el máximo responsable de garantizar el cumplimiento de nuestra Constitución se apartó de su obligación de garantizar derechos", por lo que "debe investigarse qué originó esa sentencia". En su artículo 24, la Constitución de la Ciudad dice que el Estado local "asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior".

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