En medio de la pandemia, la reforma judicial de Larreta se tratará en la Legislatura porteña

El ritmo de la Legislatura durante la cuarentena va en aumento. En una nueva sesión, los legisladores y legisladoras debatirán un proyecto de ley del ejecutivo porteño que propone que el Consejo de la Magistratura local administre los recursos económicos del Poder Judicial. Horacio Rodríguez Larreta intenta con esta iniciativa crear una Secretaría de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial dentro del Consejo de la Magistratura porteño con amplias atribuciones.

Una de etas nuevas atribuciones sería auditar a los jueces de primera instancia y a los camaristas, es decir, que pasará a manejar la ejecución presupuestaria de toda la estructura de la Justicia, a excepción del Tribunal Superior, el máximo a nivel local. También le otorga injerencia en la administración de los ministerios públicos (fiscal, tutelar y de la defensa). Para esto, se nombraría un nuevo secretario será designado por los consejeros, con respaldo de la Legislatura y tendrá un mandato de siete años. De acuerdo con sus funciones, el secretario podrá disponer de las contrataciones de bienes y servicios, la liquidación de sueldos y la ampliación o supresión de cargos dentro de la Justicia, según consignó Revista Qué.

Según publicó Infobae, quien ocuparía ese cargo sería Genoveva Ferrero, que viene de ocuparse de las cuestiones administrativas del Ministerio de Seguridad porteño y llegó de la mano de Edgardo Cenzón, un ex ministro porteño y bonaerense que días atrás mantuvo un encuentro Larreta en medio de rumores de cambios en el gabinete luego del escándalo de los barbijos con sobreprecio.

Sin embargo, los trabajadores de slindicato Sitraju advirtieron que no se consultó a los trabajadores antes de avanzar con esta reforma y que las nuevas facultades disciplinarias generan "un absoluto estado de indefensión para los/as trabajadores/as" y violan "el principio de no regresividad en materia de derechos laborales, lo cual transforma a la modificación propuesta en inconstitucional".

En la actualidad el Consejo de la Magistratura controla, a través de la Oficina de Administración y Financiera, su presupuesto anual; mientras que el Ministerio Público; que nuclea a la Fiscalía General, la Defensoría General y la Asesoría General; tiene una administración autárquica.