La Ciudad y una política de seguridad diseñada para perseguir a los más vulnerables

El Observatorio de Política Criminal (OPC) elaboró el informe “La Ciudad y las sirenas”, donde analiza la política de seguridad en territorio porteño y advierte que "existe una fuerte impronta territorial en la selección de los delitos transferidos (a la justicia local), lo que repercute de manera exponencial en la persecución penal, principalmente, contra los sectores más vulnerables de la sociedad."

De acuerdo al informe, según difundió Página 12, pese a que el 60 por ciento de los delitos cometidos dentro de la CABA entre 2016 y 2018 fueron delitos contra la propiedad, y que el 95 por ciento de estos consistieron en robos y hurtos, ninguna de las dos figuras delictivas fueron incorporadas a la competencia de la justicia de la Ciudad. El informe remarca que la "no transferencia" de dichos delitos tiene que ver con el diseño de una política criminal para la Ciudad que apunta a los sectores más vulnerables.

El informe (subtitulado “Gobierno de la Ciudad, control del territorio, poder judicial y gestión de la micro violencia” y elaborado por Daniela Medina, Manuel Campolongo, Agustina Sanz Garea y Ariel Larroude, director del Observatorio), sostiene que el GCBA tiene presupuesto para ocuparse de la criminalidad más violenta, pero que el Gobierno porteño decidió aplicar fondos y estructura para sostener el paradigma de peligrosidad sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, aplicando figuras delictivas menores como las que ocurren en los arrestos por desacatos y resistencias a la autoridad.

"En 2018 tramitaron en el Poder Judicial de la Ciudad: 10118 amenazas, 6075 daños, 4319 hechos vinculados con pornografía infantil, 1175 usurpaciones, 1201 resistencias contra la autoridad, 400 atentados contra la autoridad y 155 desobediencias", enumera el estudio. Excepto los casos de pornografía infantil, las demás son figuras dirigidas contra sectores de la sociedad perseguidos, como vendendores ambulantes, manifestantes reprimidos en protestas o quienes se dedican al narcomenudeo.

"El poder político decidió que la Ciudad de Buenos Aires no resuelva su criminalidad violenta, y que su verdadera función esté limitada a la administración del territorio porteño a partir de una serie de mecanismos policiales y dispositivos técnico-legales que le permiten mantener a raya el control de la calle –sostienen los autores–. Este propósito, tiene como fin controlar la conflictividad social violenta a partir de figuras delictivas menores pasibles de ser gestionadas discrecionalmente por la policía en el territorio, según la necesidad política de turno."