CIUDAD

Un grupo de vecino recuperó el Cine Urquiza y la empresa a cargo de la demolición quiere demandarlos

Durante años lucharon para reabrir el cine que iba a ser destruido. El año pasado consiguieron salvarlo y ahora la empresa quiere demandarlos por 400 mil pesos.

La Asamblea en Defensa del Cine Teatro Urquiza luchó durante cinco años para lograr frenar la demolición del establecimiento. EL año pasado gracias a un amparo lograron salvar el cine. Ahora, Establecimiento Campana, la empresa encargada de la demolición, reclama 400 mil pesos por los daños que le provocó el amparo presentado.

El histórico inmueble, que fue inaugurado en 1921 en la avenida Caseros 2826, en Parque Patricios, sigue manteniendo en vilo a los vecinos de la Asamblea. Ahora, por esta nueva embestida legal de la empresa que ignora el acuerdo de partes que homologó el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ), en el que la empresa, Establecimiento Campana, se comprometió a cumplir con las normativas vigentes.

El presidente del Observatorio del Derecho de la Ciudad y abogado de la Asamblea, Jonatan Baldiviezo, sostuvo en diálogo con Página 12 que "como en otros casos, buscan amedrentar y castigar a quienes a través de la justicia ejercen su derecho a defender los bienes comunes". "La causa finalizó con un acuerdo en el que Campana reconoce el valor patrimonial del inmueble y la intención de preservar la fachada original del edificio lo máximo posible. Además de cumplir con la ley que obliga a mantener el 90 por ciento de las butacas", señaló Baldiviezo, y remarcó que el único sentido de la demanda actual es "castigar, sancionar al que reclama, incluso, como en este caso, sin generar ningún tipo de daño".

Y agregó: "Sostienen que el amparo les causó perjuicio, pero no fue por la cautelar, que duro pocos meses. En 2015 estaban habilitados para presentar el proyecto, y el rechazo fue porque las instancias administrativas del gobierno consideraron que no cumplían con las leyes. Al día de hoy, no tienen permiso de obra otorgado, e intuimos que el proyecto sigue sin adecuarse". "Lo que vemos es una exacerbación del castigo para ciudadanos que defienden los bienes comunes de la ciudad", concluyó.

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