LEGISLATURA

“No es admisible que la Legislatura vote una designación decidida por el Ministerio de Justicia de la Nación"

Audiencia pública para tratar los candidatos de Larreta al Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General de la Ciudad. Impugnaciones y fuertes críticas desde distintas ONG: “Los jueces pueden tener preferencias políticas y no es un impedimento que hayan sido funcionarios. El problema es que ese sea el único criterio por el cual es elegido”.

Foto: @angiecarnevali


En una sala colmada en la Legislatura, pasadas las 14 comenzó la audiencia pública para analizar los nombres propuestos por el oficialismo para cubrir dos cargos en el Tribunal Superior de Justicia porteño y la Fiscalía General de la Ciudad. Entre las fuertes críticas para los candidatos de Horacio Rodríguez Larreta, especialmente para Santiago Otamendi: “No es admisible que la Legislatura vote una designación decidida por el Ministerio de Justicia de la Nación".

"No impugnamos a Otamendi por ser funcionario del Gobierno Nacional. El problema es que su candidatura se está explicando únicamente por esa condición. Su CV no alcanza a satisfacer las exigencias técnicas necesarias", advirtió Aldana Romano, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Y agregó: "No queremos que, una vez más, las decisiones políticas determinen el curso de la Justicia porteña. No es admisible que la Legislatura vote una designación decidida por el Ministerio de Justicia de la Nación".

Otra de las impugnaciones a Otamendi provino de Memoria Activa. Su referente, Diana Wassner, alertó que "sería una decisión gravísima que se vote a alguien que está vinculado con maniobras de encubrimiento en la causa AMIA". También el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se manifestó contra esta candidatura: “No tiene la versación jurídica ni la independencia necesaria para el cargo. Es parte integrante medular del Gobierno y ha participado de los timbreos de Cambiemos", señaló Paula Litvachky.

“Los jueces pueden tener preferencias políticas y no es un impedimento que hayan sido funcionarios. El problema es que ese sea el único criterio por el cual es elegido para el cargo, sin tener la idoneidad necesaria", dijo en el mismo sentido Renzo Lavin, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Marcela De Langhe, por su parte, no recibió impugnaciones pese a que se difundió que tiene dos funciones incompatibles. “Quiero integrar el Tribunal Superior de Justicia con un rol protagónico por la autonomía plena y por transformar a la justicia con eficiencia. Espero me den esa oportunidad", pidió De Langhe al cierre de su presentación.

Por parte de los legisladores no hubo preguntas a los candidatos de Larreta al TSJ. Luego, comenzó la audiencia para tratar la candidatura de Juan Bautista Mahiques como titular del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

"El candidato a Fiscal General, Mahiques, no tiene autonomía ni versación jurídica. La razón por la que se lo elige es haber sido y ser parte del círculo de confianza de la mesa chica del Gobierno", planteó Litvachky, del CELS. Y remarcó que "Mahiques, en su función actual, envió un pedido de juicio político al Juez Ramos Padilla sin motivos. Esto fue denunciado por Human Rights Watch como un atentado a la independencia judicial".

"Desde la asunción de Macri, Mahiques fue nombrado en tres cargos claves por el Gobierno Nacional. Casi todos los ítems de su CV comienzan a presentar antecedentes a partir del 2016, tras su designación como funcionario", apuntó Lavin, de ACIJ.

"Queremos un MPF que cuente con una perspectiva transversal de género. La Ciudad está perdiendo la oportunidad de designar por primera vez en 20 años a una Fiscal General mujer con formación en la materia", cuestionó Romano, de INECIP. Al respecto, Mahiques se limitó a contestar: "Basta con decir que tengo muchas mujeres trabajando en la Subsecretaría que dirijo".
 

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