CIUDAD

Multaron a Soledad Acuña por no dar información sobre el transporte escolar gratuito en la villa 31

Según la Justicia, la ministra de Educación porteña no garantizó el transporte para nenas y nenes de ese barrio. Tampoco respondió cuando el Juzgado le pidió información al respecto.

La Justicia exigió a la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, pagar una multa de 3700 pesos por no responder a una solicitud de información realizada tras constatar que el Gobierno porteño no estaba cumpliendo con la obligación de garantizar el acceso al transporte escolar gratuito para niñas y niños de las Villas 31 y 31 bis.

La situación no es nueva. En marzo de 2018, el Ministerio de Educación, que conduce Acuña, confirmó que por un "reordenamiento" no había micros para chicos de sexto y séptimo en el Barrio 31 ante el inicio de clases. En ese momento, aclararon que había una lista de espera y se contemplaban casos particulares -como chicos con hermanitos menores, con problemas de salud, etc-.

Por aquellos días, integrantes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) mediaron ante la interrupción del servicio de micros. Fue esa entidad la que, en 2009, interpuso una acción de amparo en la que solicitó que se ordenara al Gobierno de la Ciudad proveer transporte escolar gratuito a los niños y niñas de la Villa 31-31 Bis pertenecientes al nivel educativo inicial y primario, “para garantizar su derecho a la educación, igualdad y no discriminación”.

A raíz de eso, en 2010 la jueza Alejandra Petrella ordenó al GCBA la realización de un relevamiento a fin de identificar a todos/as los/as niños/as de la Villa 31-31 Bis que asisten a escuelas de nivel inicial y primario ubicadas a más de diez cuadras de sus casas y proveerles transporte escolar gratuito para asistir a la escuela.

Así, según informó el diario Página 12, en 2010, el Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario N° 12  respondió favorablemente la demanda promovida por la ACIJ y le ordenó al gobierno que asegure el transporte gratuito a los chicos de esas villas que debían trasladarse lejos de su casa para asistir a la escuela pública. Como el fallo nunca fue apelado, la sentencia quedó firme y desde entonces el juzgado, la ACIJ, la Asesoría Tutelar y la Defensoría Oficial de la Ciudad supervisan que el Gobierno cumpla.

Sin embargo, en septiembre de 2018 ese mismo juzgado constató que el Estado seguía sin cumplir con esa orden, ya que a por lo menos 39 niños no les garantizaba el servicio de micros escolares. "Durante 2018 hubo varias denuncias de familias que afirmaban que sus hijos no tenían acceso a un asiento. La Asesoría Tutelar chequeó esas denuncias en una oficina que tiene en territorio y a partir de eso se hizo una audiencia donde la jueza exigió al Gobierno porteño que informara cuántos chicos tenían asegurado el transporte y cuántos no”, detalló el abogado de ACIJ, Rodrigo Robles Tristán, al diario Página 12.

De esta forma, el juzgado cercioró una “lisa y llana desobediencia a la demanda judicial” por parte del Ejecutivo porteño, ya que al menos 39 niños y niñas no contaban con el servicio de transporte escolar.  Según advirtió ACIJ, el Gobierno pretendía cumplir la sentencia a través del sistema de boleto estudiantil.

“En rigor, lo que el Gobierno está obligado a garantizar es el transporte escolar gratuito, que no es lo mismo que subsidiar un boleto: porque estos chicos, que son muy pequeños, tendrían que trasladarse al lugar donde pasan los colectivos, muchas veces sin nadie que los acompañe”, advirtió la ONG. “La multa es de carácter simbólico por no cumplir con el mandato de los tribunales de informar sobre el cumplimiento de sus obligaciones”, agregó.                           

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