Militantes antiderechos quisieron frenar un aborto y recibieron un revés judicial

El abogado Marcelo Breide Obeid inició una denuncia a fines de septiembre, luego de escuchar en la radio que en el Hospital Rivadavia se realizaría un aborto no punible. Según el abogado de 61 años, quería "evitar la muerte de la persona por nacer" y "las secuelas psicológicas" en la madre. En la denuncia penal pidió que se aclare que "en un hospital público se pretenda cometer un delito".

Para acompañar la medida un grupo de mujeres con pañuelos celestes comenzaron a hacer un piquete en la puerta del hospital público exigiendo que les confirmen si se iba a hacer la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE). Para ejercer más presión, el periodista Mariano Obarrio, conocido militante contra el aborto legal, fue al piquete y lo contó por sus redes sociales. "Felicitaciones a las mujeres de fierro que defienden al bebé de un aborto q se iba a hacer en el hospital Rivadavia y que se suspendió hasta ahora. Muchas no están en la foto xq se turnan para las guardias", escribió.

El piquete había comenzado el jueves de la semana pasada y las mujeres hacían turnos para cubrir el día y la noche. "Solo rezamos y tratamos de salvar esas dos vidas. No hacemos ruidos molestos", contestó una de ellas, según consignó Infobae.

Obarrio también publicó un video en el que denuncia que se estaba usando el protocolo de aborto legal "con causales mal fundadas o directamente falsas para producir abortos indiscriminados". Allí surgieron los pedidos de explicaciones a los médicos y autoridades del Hospital Rivadavia.

Mientras la mujeres realizaban el piquete, el fiscal Daniel Rodolfo Pablovsky ya había desestimado laa denuncia para evitar la interrupción del embarazo. "No hay siquiera un indicio de delito", argumentó. Y aclaró, para malestar de los antiderechos, que nadie tiene por qué darles explicaciones.

"(El denunciante) dijo que había manifestantes en la vía pública reclamando por esta cuestión, y que el Director del Hospital no había salido a dar explicaciones, lo que lo llevaba a suponer que podría estar por ocurrir un delito", dice el texto al que accedió Infobae. El fiscal resaltó que no había "ningún dato objetivo" para sostener esa sospecha, sólo "una apreciación personal que hace una persona que evidentemente se encuentra en contra de la práctica médica del aborto".

Además, aclaró que no existe "ninguna circunstancia que nos permita siquiera indiciariamente considerar la ocurrencia de un delito" y que el fallo F.A.L. era claro "respecto de que la mujer 'no puede ni debe ser obligada a solicitar una autorización judicial para interrumpir su embarazo, (…), como tampoco puede ni debe ser privada del derecho que le asiste a la interrupción del mismo ya que ello, lejos de estar prohibido, está permitido y no resulta punible…".

El fiscal fue tajante a la hora de aclarar que “no debe la justicia intervenir ante un caso de interrupción legal del embarazo" sino que destacó que en el "Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo", del Ministerio de Salud de la Nación, se explica que la realización del aborto legal debe guiarse por varios principios. Entre ellos, la confidencialidad, la privacidad y la celeridad.

Según confirmaron a Infobae fuentes de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, la interrupción legal de embarazo no sólo no fue suspendida por el "piquete" sino que ya se hizo.