Procesaron al prefecto que mató a un joven que no paró en un control

La semana previa a la Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil, el 12 de agosto pasado, un efectivo de Prefectura asesinó de un tiro a Cristopher Rego, quien quiso evitar un control porque no tenía los papeles de su camioneta encima. El joven fue asesinado a diez metros de dicho control y los prefectos comenzaron a retirar las vainas de la escena del crimen. Hoy la justicia decidió el procesamiento del prefecto que disparó y sus encubridores.

El prefecto acusado de ser el autor material del crimen ya confesó y ahora fue procesado, su nombre es Pablo Miguel Brites. Los efectivos acusados de encubrir el hecho son Lucía Tamara Carrizo, Javier Eduardo Fernández, Rubén Viana y Cristian López. La jueza de instrucción, Yamile Bernan, determinó que Brites disparó dos veces. Uno de los disparó ingresó por la espalda y lo dejó agonizando. El vehículo chocó con otros que estaban estacionados y así detuvo su marcha.

En el video de una cámara de seguridad mostraron a los prefectos recogiendo los casquillos “con el fin de ocultarlos y alterar así la escena”; otro prefecto acudió en ayuda y todos llegaron hasta la camioneta en la que Rego estaba malherido. Sin embargo, no lo ayudaron: “Comenzaron a revisar su interior en busca de los plomos producidos por los disparos, siendo que instantes después y pese a no hallarlos, regresaron corriendo al automóvil particular en el que habían llegado y se alejaron de allí sin brindar asistencia alguna a Rego, ni dar aviso a otras autoridades, pese a que el nombrado aún se hallaba con vida y a que todavía no había arribado allí personal médico o policial que pudiera asistirlo”.

En ese sentido, la jueza entendió que el prefecto Brites “realizó dos disparos hacia la camioneta de Rego sin otro motivo que el que hubiese omitido detenerse ante su indicación”. Y para empeorar su situación, luego de disparar “en lugar de comunicar lo ocurrido a sus superiores, junto a los restantes prefectos que lo acompañaban revisó el lugar en busca de los casquillos para ocultarlos”.

Agravando su situación, Brites “una vez terminado su turno, al devolver el arma y los cargadores que le habían asignado, efectivamente entregó la misma cantidad de municiones que aquellas que había recibido, previo reemplazar aquellas disparadas por otras dos. Ello, claramente, con la intención deliberada de ocultar lo sucedido”.

Queda fuera del fallo la posibilidad de que haya sido legítima defensa: “Cuando Brites accionó su armamento por segunda vez, ya había verificado positivamente que no existía una agresión ilegítima en curso como la que afirmó haber creído en su indagatoria (que el damnificado lo apuntaba con un arma de fuego). A tal punto ello es así que como se dijo, para ese entonces el vehículo ya estaba alejándose y el proyectil le impactó en la espalda”.

Los prefectos argumentaron que estaban incomunicados por lo que no pudieron dar aviso de lo ocurrido. Sobre esto, la jueza dijo: “En relación a la estrategia defensista vinculada a que nada hicieron porque ´no tenían medios de comunicación´, debo decir que más a allá del inverosímil que resulta el argumento de que se encontraban realizando procedimientos sin tener consigo sus propios celulares ni los que les proporcional la fuerza, aún de admitirse dicha circunstancia la situación imponía claramente una actitud proactiva y no la inusitada reacción de retirarse sin más del lugar abandonando al herido”.

El procesamiento de Brites es bajo el delito de “homicidio doblemente agravado por su comisión con un arma de fuego y por haber sido cometido por un miembro de las fuerzas de seguridad en uso de sus funciones”. Esa es la forma técnica de denominar a un caso de “gatillo fácil”.

Los prefectos Cristian López y Luciana Carrizo fueron procesados por “abandono de persona seguido de muerte y encubrimiento”; Viana y Fernández, por “encubrimiento doblemente agravado por la especial gravedad del delito precedente y por el carácter fe funcionario público de su autor”; Axel Díaz Guevara y Roberto Mariano Paredez, como “coautores de encubrimiento doblemente agravado”. Todos están detenidos y fueron embargados por montos que van desde 250 mil a un millón de pesos.