Condenaron al supermercado Coto por maltratar a una clienta que hacía las compras

La justicia porteña rechazó esta semana un recurso presentado por la empresa Coto CICSA SA contra la disposición de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno de la Ciudad, luego de recibir una multa de 30 mil pesos tras haber sometido a una clienta a una situación intimidatoria por parte del personal de vigilancia, quienes que le solicitaron el ticket de compra y una exhaustiva requisa de todas sus pertenencias, incluido su bolso de mano.

En este marco, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, integrada por el juez Carlos Balbín y las juezas Mariana Díaz y Fabiana Schafrik, rechazó el recurso directo de Coto CICSA S.A contra la Disposición n.° DI-2017-596-DGDyPC, a través de la cual se le impuso una multa y la obligación de publicar la condena en el diario Página 12, por infracción al artículo 4 de la Ley 24.240. 

La decisión se dio en el marco de la causa “COTO Centro integral de comercialización S.A contra Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor por recurso directo sobre Resoluciones de Defensa al Consumidor” Expte. 1750/2017-0.

Según detalló el sitio Ijudicial, la medida se originó por la denuncia de una consumidora ante la DGDyPC, luego de haber sido sometida a una situación intimidatoria, por parte del personal de vigilancia (con la anuencia de empleados de la empresa) que le solicitó el ticket de compra y efectuó una exhaustiva requisa de todas sus pertenencias, incluido su bolso de mano. 

El hecho se produjo el 13 de enero de 2012, luego de realizar una compra y pasada la línea de cajas, en la sucursal de la Av. Rivadavia 2846, de esta ciudad. La empresa manifestó que no se configuraban los prepuestos necesarios para la sanción, dado que en la misma denuncia podía constatarse que el subgerente de la sucursal se comunicó con la denunciante dando respuesta al reclamo.

Díaz sostuvo que “en la ley nacional n.º 24240 se previeron las normas de protección y defensa de los consumidores, en el artículo 4º de la norma –vigente al momento del hecho– se estableció que quienes produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios, deben suministrar a los consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de los mismos”.

La magistrada agregó que “no hubo una respuesta adecuada al reclamo efectuado, por cuanto el llamado telefónico realizado por el Subgerente de la sucursal no se ajustó a los parámetros establecidos en el artículo 4º de la ley Nº24.240 para cumplir debidamente con el deber de información“.

Este tipo de hechos en la cadena de supermercados no son aislados. Hace pocos días, el periodista Sebastián Lacunza denunció públicamente que  en un Coto de avenida Gaona y Fragata Sarmiento, pleno barrio de Caballito, empleados junto a un policía intentaron revisarle su mochila y tras negarse llamaron a un patrullero. 

“Se bajaron tres hombres. El más altanero y –se vería en minutos– descontrolado era un oficial que se identificó como Caraballo. El jefe de la patrulla me informó que harían una requisa con dos testigos. Uno de ellos era un policía de civil que trabaja para Coto y había intentado apurarme en un primer momento; la otra, una empleada del  upermercado”, detalló. 

“Me limité a decirles que me amparaba un derecho y que ellos debían explicarme el motivo de la detención y requisa. Caraballo respondía con el autoritarismo habitual, aunque sin insultos ni amenazas. Me exigió el documento y copió mis datos. Intenté filmar con el celular y Caraballo salió de sí. ‘Forro de mierda, qué te pasa’, comenzó a gritar desaforado. 'Forro de mierda', repetía. Una mínima reacción de mi parte habría desatado una escena en la que Caraballo no habría salido perdiendo”, aseguró en una nota en el diario Página 12.