El escándalo de los "aportantes truchos" alcanzó al financiamiento de Cambiemos en la Ciudad

Finalmente, el escándalo de los “aportantes truchos” que hace tambalear al gobierno de María Eugenia Vidal desembarcó en la Ciudad de Buenos Aires. Según una nueva investigación del periodista Juan Amorín, en marzo de 2017 el Gobierno porteño decidió asignarles unidades retributivas –una especie de plus salarial excepcional-  a unos 22 empleados, a través de la resolución N°91.  Ese dinero habría sido triangulado meses después para financiar la campaña de Cambiemos en la Ciudad.  

Según detalla el sitio El Destape, los montos de esas unidades retributivas que recibieron una veintena de gerentes y subgerentes fueron entre $10.000 y $120.000. Tres meses después, la mitad de los que habían obtenido esa generosa suma donaron el dinero a la campaña de Elisa Carrió, de acuerdo a datos de la Cámara Nacional Electoral. Los aportes habrían sido todos el mismo día, con el mismo monto y de la misma forma: $25.000 en efectivo, sumando así $300.000. 

Este fin de semana, uno de los primeros que salió a pronunciarse sobre el tema fue el legislador y ex jefe de campaña de Vamos Juntos en Capital, Maximiliano Ferraro. “Las declaraciones que afirman son mentirosas y nos calumnian. No es periodismo y pueden ser el delito de falsa denuncia porque repiten viejas operaciones judiciales contra Elisa Carrió”, escribió a través de sus redes sociales. 



La información se suma a otra revelación que puede causar preocupación en las filas de la administración de Horacio Rodríguez Larreta. Se trata de una presentación que en las próximas horas realizará la ONG La Alameda ante el juez federal Sebastián Casanello, que pone la mira en unos 300 funcionarios y ex funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

De acuerdo a la publicación del diario Perfil, en La Alameda creen que se habría utilizado a ciudadanos para blanquear dinero aportado por empresas que tienen prohibido realizar contribuciones a las campañas. Una de las hipótesis apunta a las donaciones bancarizadas, las que “podrían ser simuladas”: los funcionarios realizan la operación y el partido les devuelve el monto transferido en efectivo y en negro, según la hipótesis. 

Además, según la denuncia, empleados de la administración pública manifestaron ser víctimas del delito de sustracción de identidad" ya que figuran como aportantes privados para la campaña electoral de 2015, "pero también para la alianza “Cambiemos Buenos Aires” del año 2017 y de la alianza política “Vamos Juntos” también en 2017. 

Dos de los casos eran personal de “planta gabinete”, una categoría que engloba al personal que ingresa a trabajar especialmente con los directores generales de las distintas áreas.  “Aparecemos aportando varios de planta gabinete de la dirección en donde trabajaba. Se creyeron que como respondemos a los directores no íbamos a decir nada. Pero en mi caso el aporte fue hecho a mi nombre sin mi consentimiento”, contó uno de ellos a PERFIL.