- Política
- 08.06.2018
MÁS DE 600 ADHESIONES
Vuelven a exigirle al Gobierno porteño información sobre la Unicaba
Docentes, padres y alumnos de la Ciudad presentaron ayer 658 adhesiones al amparo que exige información sobre la polémica iniciativa del Gobierno de la Ciudad que implicaría el cierre de 29 profesorados.
La comunidad educativa de la Ciudad vuelve a poner en agenda el proyecto para crear la Universidad Docente. Esa vez, presentaron 658 adhesiones que se suman al amparo presentado por un grupo de rectoras y rectores del Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal (CESGE) contra el Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad de Buenos Aires para solicitar que se le ordene judicialmente responder al pedido de información realizado en abril por el Ministerio Público de la Defensa.
Paralelamente, la Comisión de Educación de la Legislatura porteña continúa debatiendo el prpyecto que llegaría al recinto dentro de varios meses.
El Gobierno porteño fue intimado por la Justicia por incumplir el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad que reconoce que el sistema educativo debe asegurar “la participación de la comunidad educativa y la democratización en la toma de decisiones”. Por este motivo deben responder la demanda en el plazo de 10 días, debiendo proveer la información solicitada, expuso el Ministerio Público de la Defensa.
El amparo, en ejercicio del derecho constitucional de acceso a la información pública, fue presentado con el patrocinio del Ministerio Público de la Defensa, a través del Defensor Ramiro Dos santos Freire y tramita ante el Juzgado Nº 7 del Fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Martín Converset.
En el escrito se cuestiona el proyecto de la UniCABA que, en tal sentido, “implicaría la disolución de los 29 institutos de formación profesional, de reconocida trayectoria y tradición educativa, afectando el sistema de formación de los docentes”. “No se puede generar un cambio tan significativo sin consultar a nadie y mucho menos sin consultar a quienes le han dedicado su vida y su carrera. Cambios estructurales como éste requieren un debate serio, responsable y consensuado”, señaló Dos Santos Freire.
Ante la falta de información sobre cómo se implementará la iniciativa, el MPD había realizado el pedido formal para que el Ministerio de Educación e Inovación informe, entre otros puntos, si “se prevé disolver los institutos existentes y, de ser así, en qué plazo, y qué tratamiento se dará a los estudiantes que no hubieren finalizado su estudio en los institutos”.
En cuanto a la transferencia del personal a UniCABA, pedía que se aclare “si ello incluiría a los interinos y si está previsto algún régimen de retiro voluntario o pase a disponibilidad. Finalmente, preguntaba si se pretende utilizar algún inmueble y si existen ya licitaciones o actuaciones para readecuarlo”. “La falta de información adecuada ha generado una gran incertidumbre en la comunidad educativa, ya que la disolución de los profesorados afecta el trabajo formativo que vienen desarrollando docentes y alumnos y genera un perjuicio en todo el sistema educativo”, concluyó Dos Santos.
Paralelamente, la Comisión de Educación de la Legislatura porteña continúa debatiendo el prpyecto que llegaría al recinto dentro de varios meses.
El Gobierno porteño fue intimado por la Justicia por incumplir el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad que reconoce que el sistema educativo debe asegurar “la participación de la comunidad educativa y la democratización en la toma de decisiones”. Por este motivo deben responder la demanda en el plazo de 10 días, debiendo proveer la información solicitada, expuso el Ministerio Público de la Defensa.
El amparo, en ejercicio del derecho constitucional de acceso a la información pública, fue presentado con el patrocinio del Ministerio Público de la Defensa, a través del Defensor Ramiro Dos santos Freire y tramita ante el Juzgado Nº 7 del Fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Martín Converset.
En el escrito se cuestiona el proyecto de la UniCABA que, en tal sentido, “implicaría la disolución de los 29 institutos de formación profesional, de reconocida trayectoria y tradición educativa, afectando el sistema de formación de los docentes”. “No se puede generar un cambio tan significativo sin consultar a nadie y mucho menos sin consultar a quienes le han dedicado su vida y su carrera. Cambios estructurales como éste requieren un debate serio, responsable y consensuado”, señaló Dos Santos Freire.
Ante la falta de información sobre cómo se implementará la iniciativa, el MPD había realizado el pedido formal para que el Ministerio de Educación e Inovación informe, entre otros puntos, si “se prevé disolver los institutos existentes y, de ser así, en qué plazo, y qué tratamiento se dará a los estudiantes que no hubieren finalizado su estudio en los institutos”.
En cuanto a la transferencia del personal a UniCABA, pedía que se aclare “si ello incluiría a los interinos y si está previsto algún régimen de retiro voluntario o pase a disponibilidad. Finalmente, preguntaba si se pretende utilizar algún inmueble y si existen ya licitaciones o actuaciones para readecuarlo”. “La falta de información adecuada ha generado una gran incertidumbre en la comunidad educativa, ya que la disolución de los profesorados afecta el trabajo formativo que vienen desarrollando docentes y alumnos y genera un perjuicio en todo el sistema educativo”, concluyó Dos Santos.
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