BASURA CERO

Presentarán un amparo contra la incineración de residuos

Es contra la modificación de la Ley de Basura Cero, aprobada hace un mes, por considerarla inconstitucional y que no respeta los estándares mínimos de protección ambiental a nivel nacional.



Hace un mes, la Legislatura porteña aprobó la modificación de la Ley de Basura Cero y permitió la implementación de procesos de termovalorización, o sea, incineración de residuos. Desde entonces, organizaciones ambientales y recicladores urbanos adelantaron que irían a la Justicia para frenar esta iniciativa que, además de perjudicar el medioambiente, dejará sin trabajo a los cartoneros. Finalmente, este lunes se presentará un amparo colectivo para plantear la inconstitucionalidad de la normativa.

El Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace, Avina y la Asociación por la Justicia Ambiental presentarán amparos colectivos ambientales "en defensa del ambiente urbano de la ciudad y del paradigma de Basura Cero".

Jonatan Baldiviezo, abogado del ODC, adelantó a Página 12 que van a plantear la inconstitucionalidad de la modificación de la ley de Basura Cero, por no respetar los procedimientos legales para su aprobación. Además, porque viola una ley nacional que no permite la incineración de los desechos”.

Según explicó Baldiviezo, la ley viola "el procedimiento constitucional de doble lectura, que implica convocar a audiencia pública. Esto se aprobó en simple lectura, sin la participación ciudadana. Si bien hay una deuda histórica en la ciudad por la falta de un Código Ambiental, la no existencia del mismo no implica que se pueda defraudar a la Constitución (porteña), que sostiene que toda norma que debiera estar en ese Código es de doble lectura”.

Además, la modificación de la ley de Basura Cero "va en contra del estándar mínimo (de protección ambiental) a nivel nacional, es decir, viola el principio de progresividad y no regresividad de las leyes”, o sea que no respeta el mínimo de garantías ambientales previstas para las provincias y Ciudad "y ningún distrito puede dar menos derechos".






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